Historia de un litigio que dura ya once años

Asocaman no se rinde y ya pide 260.000 euros al Ayuntamiento de Talavera

Asocaman no se rinde y ya pide 260.000 euros al Ayuntamiento de Talavera
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La portavoz municipal, Flora Bellón, ha informado de la toma de conocimiento este jueves, por parte de la Junta de Gobierno Local, de la sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº1 de Toledo sobre el litigio que desde 2012 mantiene con el Ayuntamiento de Talavera la Asociación de Criadores de Caballos de Pura Raza Española de Castilla-La Mancha (ASOCAMAN-PRE).

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Ya se elevan a 260.000 euros la reclamación al Consistorio talaverano por el "desalojo sin tramitación administrativa" -según ha dicho Bellón- del Centro Equino existente en el por entonces ya inactivo Mercado Nacional de Ganados (MNG) para facilitar la implantación de Senoble, hoy día Schreiber Foods.

Una decisión tomada durante el Gobierno del PP de Gonzalo Lago, del actual concejal Jaime Ramos y de José Julián Gregorio, citado por Bellón porque era su homólogo antes de salir de la Plaza del Pan hacia responsabilidades en delegaciones de gobiernos, y del que todo apunta que será el candidato a la Alcaldía el próximo 28-M.

Asocaman insiste en que el Ayuntamiento de Talavera incumplió el convenio suscrito en 2005 que contemplaba la cesión de unos terrenos en el MNG donde construyó un centro hípico y de crianza de caballos de pura raza, por lo que sigue buscando el amparo judicial.

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Cabe apuntar que mediante ese convenio entre Ayuntamiento, Diputación y Junta, se financió la construcción de ese centro hípico al que se le cedía de forma gratuita el espacio.

La historia de un desencuentro

Todo arranca en diciembre de 2011 cuando el recién llegado equipo de gobierno del PP, entonces capitaneado por el malogrado Gonzalo Lago, decidió iniciar un proyecto en las instalaciones del ya inoperativo Mercado Nacional de Ganado.

La empresa Senoble sería la beneficiaria de esos terrenos, una concesión para que se implantara en la ciudad y generase 250 puestos de trabajo, ampliables a 350 al cumplir los cinco años de actividad.

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Mientras se tramitaba burocráticamente este proyecto, que entre otras cosas implicaba un cambio en el uso del suelo con fines industriales y que conllevó la aprobación del Plan Especial de Reforma Interior de Mejora (PERIM), Asocaman, que tenía sus cuadras e instalaciones en esos terrenos del MNG en el polígono de Torrehierro, solicitó el 31 de enero de 2012 una suspensión temporal de la actividad, suspensión que duró un mes puesto que volvió a reclamar su reapertura.

Para entonces la Junta de Gobierno ya había decidido la clausura de manera “unilateral”, apuntándose desde Asocaman que lo hacía sin ser titular de las instalaciones, por lo que no pudieron retomar la actividad por el cierre del complejo y el posterior desmontaje de los boxes.

Poco tiempo después, el propio presidente de Asocaman, Rafael Ayala, confirmaba el cierre del Centro Equino como lugar de venta de caballos.

La crisis económica, que provocó un considerable descenso del precio de venta de los caballos, y la falta de pago de las subvenciones de la Junta de Comunidades que presidía María Dolores Cospedal, fueron los argumentos dados por Ayala para cesar en la actividad, pero comunicando al Ayuntamiento de Talavera el interés de seguir trabajando con él abierto.

Antes del cierre ya existían conversaciones para trasladarlo habida cuenta de ese proyecto que se estaba fraguando con Senoble (hoy Schreiber Foods), por lo que se plantearon posibles nuevas ubicaciones y la total predisposición para dialogar y buscar una solución consensuada y satisfactoria para ambas partes.

En principio, se anunció la demolición de la zona de la nave principal del MNG y el resto de edificaciones auxiliares que se utilizaban como tiendas, y que se mantendrían en pie las oficinas y se respetaría la nave del centro equino para utilizarla durante las obras para después desmontarla y trasladarla al punto que determinase el Ayuntamiento para su reinstalación.

Incumplimiento e indemnización

Sin embargo no hubo ningún tipo de acuerdo y Asocaman, que se sintió perjudicada por tener que abandonar el lugar sin alternativa, reclamó los gastos generados por el desmantelamiento del centro hípico, cifrado en materiales en 167.000 euros, a lo que sumar una colaboración no cobraba que redondeaba la cifra a los 200.000 euros, aludiendo “incumplimiento municipal del convenio”.

En virtud de los informes jurídicos recabados, el equipo de Gobierno desestimó un primer recurso de la asociación alegando la transferencia producida en la concesión inicial del Centro del Caballo.

Por ello, “ni siquiera entramos en el fondo de una reclamación económica basada en la imposibilidad de seguir llevando a cabo una actividad que el equipo de Gobierno consideraba que había cesado por completo”, explicó en su día la portavoz del gobierno municipal, María Rodríguez.

En enero de 2017, tras el recurso de reposición presentado por Asocaman, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo instó al Ayuntamiento a dilucidar si había o no actividad y si eran convenientes o no las cantidades reclamadas.

Rodríguez trasladó que la Junta de Gobierno Local se mantenía firme y que es Asocaman la que ha incurrido en incumplimiento y que no ha lugar a indemnizar con cantidad alguna, ‘invitando’ a Asocaman a acudir a los tribunales y a presentar una demanda.

Los informes jurídicos municipales y el dictamen del Consejo Consultivo de Castilla-La Mancha avalaban la desestimación de las reclamaciones al Consistorio.

En mayo de 2019, pocos días antes de las elecciones municipales, la Junta de Gobierno Local desestimaba el recurso de reposición presentado por la Asocaman.

El Gobierno de García Élez asume el pleito

Tras no ser satisfecha su reclamación, Asocaman volvió a los juzgados y en octubre de 2019, el Gobierno de Tita García Élez tuvo que ocuparse del pleito.

Tras tomar conocimiento, por trámite urgente, la nueva demanda contemplaba peticiones que había hecho en materia de responsabilidad contractual y extracontractual (daños y perjuicios ocasionados por el cierre que ellos entienden que no se ajustaba a derecho).

Ante eso, la Junta de Gobierno Local acordó personarse, remitir todo el expediente y nombrar abogado y procurador para defender los intereses del Ayuntamiento de Talavera.

La ya por entonces portavoz municipal, Flora Bellón, explicó que Asocaman abre ahora esta vía judicial e insiste en una responsabilidad que el Ayuntamiento no entiende como tal, puesto que “el convenio estaba cumplido”.

En este sentido, explicó que a Asocaman “se les construyó el centro hípico y se les cedieron gratis los terrenos mientras se prestara la actividad hípica, pero en el año 2012 se constató que el centro había cerrado, que allí no se realizaba ningún tipo de actividad, ni había personas ni animales”.

Incluso, se tuvo conocimiento de que la empresa había tramitado varias resoluciones de contratos laborales y había expedientes en el Fogasa. Por tanto, “al no realizarse ya la actividad, el Ayuntamiento resolvió el contrato y recuperó el terreno”.

El Ayuntamiento de Talavera seguirá recurriendo

Sin embargo, el asunto sigue con su recorrido judicial y ahora tras este nuevo episodio Bellón ha informado que el Ayuntamiento de Talavera seguirá defendiéndose, por lo que Junta de Gobierno Local ha decidido este jueves interponer un recurso de apelación.

La sentencia señala que el Gobierno del PP “incumplió” dicho convenio y, expresamente, señala que “procedió a desalojar por la vía de hecho y sin actuación administrativa de ningún tipo a la asociación”, por lo que Bellón ha asegurado que se trata de “otro regalito envenenado de Navidad del PP de José Julián Gregorio a la ciudad de Talavera”.

Al respecto, ha reiterado y recordado que la gestión del PP se ha venido demostrando estos años en los que el actual Gobierno municipal ha tenido que asumir numerosas facturas sin pagar, expedientes que ni siquiera seguían la tramitación correspondiente o que se adjudicaban a familiares sin que las personas que formaban parte de la Junta de Gobierno Local se abstuviesen, en clara alusión al caso cloro.

“Esta es la herencia del PP, otros 260.000 euros que se suman a los 9,2 millones de euros que han tenido que pagar los vecinos y las vecinas como consecuencia y de la prepotencia de una "gestión nefeasta, tan dañina" para esta ciudad que ha provocado el PP de Jaime Ramos, Santiago Serrano y José Julián Gregorio”, ha concluido la portavoz.

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