El presidente de la Diputación sostiene que no tenía ningún sentido la acusación

Álvaro Gutiérrez: "Se ha hecho justicia con la absolución del alcalde de Navalcán"

Álvaro Gutiérrez: "Se ha hecho justicia con la absolución del alcalde de Navalcán"
El alcalde de Navalcán, Jaime David Corregidor, a la izquierda y Álvaro Gutiérrez en el centro.
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El presidente de la Diputación de Toledo, Álvaro Gutiérrez, ha sostenido que "se ha hecho justicia" con la absolución del alcalde de Navalcán, Jaime David Corregidor, por parte de la Audiencia provincial de un delito de falsedad en documento oficial del que era acusado por el Ministerio Fiscal.

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A preguntas de los medios informativos con motivo de presentar este lunes el proyecto de presupuesto de la Institución provincial para el 2023, Gutiérrez ha sido tajante: "No me sorprende, era algo lógico que ocurriera. La sentencia absolutoria no puede ser más de que se ha hecho justicia, en el más claro y amplio sentido de los significados de la palabra", ha valorado.

"No tenía ningún sentido la acusación, que fue política en su momento, y no sé cúal es la razón del empecinamiento del fiscal de llevarlo hasta sus últimas consecuencias", ha expuesto Gutiérrez, quien ha abundado que "se ha quedado en una acusación política porque no tenía ningún fundamento jurídico".

A su juicio, la sentencia "hace justicia a lo que ahí ocurrió (en 2009): el alcalde de Navalcán, con una subvención de Diputación para la dehesa (de 33.333 euros), la empleó en mejoras" y, por ello, "no tenía ningún sentido" la acusación de falsedad documental, ha reiterado.

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Gutiérrez ha subrayado que "nos alegramos profundamente" de que el regidor "haya visto, por fin, aparcado un procedimiento que le tenía preocupado, aunque todos teníamos muy claro que no podía llegar a ningún lado porque no tenía ninguna base".

Ahora, ha zanjado el presidente del Gobierno provincial, "el extraordinario alcalde de Navalcán puede estar tranquilo una vez que la Audiencia Provincial ha dictado la sentencia que todos esperamos que dictara".

El fiscal pedía una condena de cuatro años de prisión por un delito de falsedad en documento oficial, una vez que en su condición de alcalde de Navalcán solicitase tres subvenciones a la Diputación provincial para la realización de unas obras de mejora en la dehesa de Calabazas, una finca rústica de propiedad municipal.

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