Veintidós años de cárcel por matar a su exmujer en La Puebla de Almoradiel
Redacción Ahora CLM 
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Toledo ha condenado a 22 años y 6 meses de prisión al acusado de matar a puñaladas con cuchillo de cocina a su ex-mujer en La Puebla de Almoradiel en enero de 2020, durante una discusión en el domicilio donde ambos vivían, pese a estar divorciados.
Según la sentencia hecha pública este martes, en su fallo, el juez ha tenido en cuenta el veredicto de culpabilidad emitido por los miembros del jurado popular, así como las agravantes de parentesco y de género y la atenuante de confesión de los hechos, que ha rebajado 2 años y medio la petición inicial.
Del mismo modo, al acusado se le priva de la patria potestad respecto de sus hijos menores y se le prohíbe comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros del lugar donde se encuentren durante 35 años, prohibición que se extiende a la tutora legal de los menores.
Hechos probados
En la sentencia se considera como hechos probados que, entre las diez y las doce de la noche del 21 de enero de 2020, el condenado, D.D.M., y su exmujer, L.M. (ambos de origen rumano), iniciaron una discusión en el domicilio en que convivían, pese a estar divorciados, en presencia de su hija de 13 años, porque la mujer le dijo a su exmarido que su madre se marchara de la casa.
En un momento determinado de la discusión, D.D.M. cogió un cuchillo de cocina, de forma que, cuando su ex-mujer, en actitud evasiva le dio la espalda y se encogió para cubrirse, le propinó "con intención de acabar con su vida o aceptando que dicho resultado pudiera producirse, sin que ella tuviese posibilidad alguna de defenderse", dos puñaladas en la espalda que le afectaron al corazón y después, al incorporarse, varias puñaladas más en el tórax, en el antebrazo, en las manos y en una pierna, que le provocaron la muerte instantánea.
A continuación, una media hora después, D.D.M. llamó al 112 diciendo que había matado a su mujer, que la había apuñalado en el corazón, de forma que cuando desde el servicio de emergencias le ofrecieron ayuda, dijo, "con ánimo de prolongar su agonía, que no quería ayuda, que se muriera".
Dejó claro que esta llamada era para comunicar que había matado a su mujer y entregarse a las autoridades y preguntó si iba a venir alguien de parte del cuartel, quedándose en casa a la espera de ser detenido.
Por estos hechos, el ministerio fiscal y la acusación particular solicitaron 25 años de prisión por considerarlo un delito de asesinato en grado de consumación, con alevosía y ensañamiento en el ámbito de violencia de género y con el agravante de parentesco, mientras que el juez los ha tipificado como un delito de asesinato consumado, rebajando la pena a 22 años y seis meses de prisión.
De igual modo, deberá indemnizar a sus dos hijos menores con 200.000 euros a cada uno, cantidad que será recibida, "por y en nombre de los mismos para su gestión y administración en interés de los menores y dando las oportunas cuentas conforme a las obligaciones de su cargo", por la tutora legal de los menores, sin perjuicio de lo establecido en la Ley 35/1995 de 11 de diciembre de ayudas y asistencia a víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.
Para el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, se abonará al acusado el tiempo que haya estado preventivamente privado de libertad por esta causa, es decir, desde el día siguiente a la comisión del delito, cuando fue encarcelado.
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