Siguen construyendo en la Red Natura 2000 de Navalcán pese a prohibírselo
Redacción Ahora CLM 
La Guardia Civil ha investigado a un hombre y una mujer, de 55 y 54 años de edad, por construir en espacios protegidos en la Red Natura 2000 ubicados en el término municipal de Navalcán, sin disponer de los permisos para hacerlo y a pesar de contar con una resolución desfavorable de impacto ambiental.
En una nota de prensa, la Comandancia de Toledo ha informado este martes que estas personas han sido investigadas en el desarrollo de la operación 'Zepalcán', en la que agentes del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil han comprobado que están construyendo edificaciones, después de recibir una denuncia ciudadana que alertaba de la situación.
Los agentes del Seprona han detectado que estas edificaciones se encuentran de zonas de protección de interés comunitario de la Sierra de San Vicente y de los Valles del Tiétar y del Alberche, y la zona de especial protección de aves (ZEPA) de los Valles del Tiétar, del Rosarito y Navalcán, ambas incluidas en la Red Natura 2000.
La investigación ha permitido descubrir que estas edificaciones se iniciaron hace ya más de 10 años, y que su ejecución se detuvo en 2009 por una resolución de la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, en la que se ordenaba su inmediata paralización, así como la restauración de las zonas afectadas.
Sin embargo, la Guardia Civil ha descubierto este año que estas obras seguían ejecutándose y aumentando su tamaño, afectando a este paraje protegido, sin que los promotores hayan obtenido los pertinentes permisos de las autoridades competentes, como el Ayuntamiento de Navalcán y la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT), y desobedeciendo la resolución sobre impacto ambiental desfavorable de la Junta de Comunidades.
Por ello, la Guardia Civil ha tomado manifestación como investigados a estas dos personas, ambas de nacionalidad española, como presuntas autoras de un delito contra la ordenación del territorio y el urbanismo y de otro delito de desobediencia a la autoridad.
Los hechos han sido puestos en conocimiento de un juzgado de Talavera de la Reina, ha indicado el instituto armado, que ha recordado que el Código Penal prevé para este tipo de delitos urbanísticos penas de prisión de un año y seis meses a cuatro años y multas de 12 a 24 meses, además de la demolición de las obras y de la reposición a su estado originario de la realidad física alterada.
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