Tras un respaldo judicial, enésimo en el pleito iniciado por la concesionaria saliente Gypisa

El Ayuntamiento de Talavera, autorizado a tomar posesión del matadero

El Ayuntamiento de Talavera, autorizado a tomar posesión del matadero
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El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Toledo ha autorizado al Ayuntamiento de Talavera al desalojo y toma posesión de las instalaciones municipales del matadero.

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Un conflicto que lleva judicializado desde enero de 2021, cerca de un año antes de que cumpliera la cesión de su explotación por veinte años a la empresa Gypisa (Ganados y Productos Industriales SL) iniciada en el año 2001.

Y es que tras muchos años de concesión y servicio, el matadero municipal saltó a la prensa cuando a principios de 2019 la Dirección Provincial de Sanidad decretó su cierre cautelar por incumplir una normativa europea sin que el Ayuntamiento de Talavera, entonces regido por el popular Jaime Ramos, tuviera conocimiento.

A raíz de ello se supo que el Ayuntamiento de Talavera no cobraba el canon de la cesión del matadero ya que el contrato era ambiguo en ese sentido, como reconoció el por entonces concejal de Economía y Hacienda, Arturo Castillo.

Ese cierre propició que el matadero municipal de Talavera no pudiera sacrificar cabezas de ovino y vacuno, lo que conllevaba unos sobrecostes a los ganaderos al tener que trasladar las reses a otros mataderos de la provincia de Toledo, o incluso de Ávila.

El actual Gobierno coge el toro por los cuernos

Nada se resolvió en lo que quedaba de legislatura, por lo que un año después, en la Junta de Gobierno Local del actual Ejecutivo talaverano, en febrero de 2020, se propuso el nombramiento de un interventor técnico para el seguimiento de la concesión de obra y servicio público del matadero municipal, para que el Consistorio se asegurase que las reparaciones que se llevasen a cabo en las instalaciones se ajustaran a la normativa vigente, pues la finalidad del interventor técnico sería la vigilancia y control de las mismas, para mantener el matadero en las condiciones adecuadas.

En vista de que el proceso se dilataba y que la cesión se regía por normativas pasadas, el Ayuntamiento de Talavera aprobó en la sesión plenaria de noviembre de 2020 la desafección del servicio público para que el matadero pasara a ser bien patrimonial y sacarlo en alquiler conforme a la legislación, la legalidad y los procedimientos administrativos correspondientes y vigentes.

Cabe apuntar en este sentido que desde el año 2013 no es de obligada la prestación de este servicio público de matadero para el Consistorio, tal y como establece la Ley de Racionalidad y Sostenibilidad de las Administraciones Públicas.

Tras el concurso público, se llegó el acta de la Mesa de Valoración celebrada el 1 de diciembre de 2021 en la que se aprobó la propuesta de adjudicación de explotación del matadero a la única empresa que concurrió, DeRaza Ibérico.

Gypisa, que no concurrió y que ya había judicializado todo el asunto, quiere dirimir en los juzgados si el Ayuntamiento de Talavera ha cometido alguna irregularidad, incluso hay abierta una pieza admitida por una jueza por un posible delito de falsedad documental, aunque “ningún miembro del Ayuntamiento ha sido o está siendo investigado por ningún tipo de delito”, como han reflejado este jueves en un comunicado de prensa.

Los responsables municipales han negado en repetidas ocasiones cualquier anomalía en la tramitación administrativa y en su proceder, que se ha desarrollado con “escrupuloso respeto por la legalidad y la transparencia”.

Este jueves han recordado, en esa nota de prensa, que “hasta la fecha todas las resoluciones judiciales que han sido dictadas están dando la razón al Consistorio” de Talavera, que actúa en consecuencia de esos autos y sentencias.

El último, ese auto de desalojo de Gypisa y toma posesión del matadero por parte del Ayuntamiento de Talavera, ya que desde abril de 2022, también con respaldo jurídico, la empresa cárnica ocupa “de manera irregular las citadas instalaciones, al hacer caso omiso a la entrega de llaves requerida”.

De este modo, se apunta en el escrito del gabinete de prensa municipal, que “desde el Consistorio se seguirá velando por los intereses de la ciudad, puesto que, por encima de todo, cumplirá y hará cumplir la ley”.

También se ha remarcado que “Gypisa no concurrió a la licitación en el procedimiento administrativo para continuar desarrollando la actividad, aunque han seguido ocupando estas dependencias generando pérdidas económicas para todos los talaveranos”.

Por último, cabe apuntar que ese auto de desalojo y toma de posesión es recurrible en el plazo de quince días y que no entra ni pone fin a las otras piezas abiertas en el conflicto judicial.

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