Pese a que cada vez más datos dicen otra cosa
El Ayuntamiento de Cazalegas niega afán recaudatorio con el radar móvil
Redacción Ahora CLM 
Día y medio después del concluyente reportaje de investigación de este digital, el Ayuntamiento de Cazalegas publicó un bando municipal en el que negaba que el radar móvil que instala de forma recurrente en la antigua N-V tenga afán recaudatorio.
“Entiendo que la instalación de un radar, de forma puntual, pueda llegar a ser impopular. Lo entendemos, ya que todos lo sufrimos en otros muchos municipios y tramos de carretera. Si el Ayuntamiento buscara recaudar, pondría un radar fijo permanente, y no campañas disuasorias de excesos de velocidad”, se señala en el punto décimo del bando.
Siniestralidad
En el escrito también se hace constar que la carretera que atraviesa el polígono Soto de Cazalegas “se trata de una de las vías con más siniestralidad de todo el municipio” (pasan unos 17.000 vehículos diarios) y que “preferimos hablar de control de velocidad antes que de accidentes”.
Según los datos consolidados con las principales cifras de seguridad y siniestralidad vial a nivel municipal, que publica anualmente la Dirección General de Tráfico (DGT), entre 2015 y 2021 y en todo el término municipal de Cazalegas tan sólo consta un accidente con víctimas (sin especificar lugar).
Este se produjo en 2019, donde se vio implicada una motocicleta y cuyo ocupante tuvo que ser hospitalizado.
En esos datos que recoge la DGT y que han sido “comunicados por ayuntamientos y policías con competencia en materia de tráfico y seguridad vial” se incluyen igualmente las sanciones impuestas a los vehículos. Llama la atención que por exceso de velocidad hasta el año 2019 no figura ni una sola sanción, mientras que en 2020 hay 5 y en el año 2021 son 28.
Estas cifras contrastan con la información que maneja este digital, con más de 200 denuncias en un mes por exceso de velocidad captadas por el radar y presentadas para su abono por parte de una de las al menos dos empresas contratadas por el Ayuntamiento de Cazalegas para este fin (Kronnos y Eboga), y que deberían figurar en los datos consolidados de la DGT en aras de la transparencia.
Haciendo un inciso, el apartado que lidera el número de multas impuestas a conductores en el término municipal de Cazalegas en los informes de la DGT es el de uso del teléfono móvil al volante, siendo los años 2017 (117) y 2019 (99) los que más denuncias acumulan. Cabe significar que la concienciación en este sentido va en aumento puesto que 2020 y 2021 la cifra han caído hasta la treintena de sanciones por esta infracción.
También es significativo que del parque móvil registrado en Cazalegas, algo más de 2.300 vehículos en la actualidad, año tras año unos 200 no tengan pasada la ITV, lo que no quiere decir que todos ellos circulen.
Luego, el exceso de velocidad en una vía con baja siniestralidad que, además, está limitada a 80 km/h, donde está prohibido adelantar desde hace más de una década, y en la que raro es el día en que para entrar o salir de Talavera los conductores no se encuentran con un tractor, una tráiler o un camión que les precede, y que ralentizan la marcha, no parece sea la infracción que más deba preocupar a los responsables municipales.
Y más, si tenemos en cuenta que la Guardia Civil también realiza controles periódicos en esta “calle desde 2008” (aún sin nombre) y en todas las entradas y salidas de Talavera de la Reina.
Por último, cabe apuntar que en el apartado de campañas de los informes de la DGT no figura tampoco que el Ayuntamiento de Cazalegas se haya adscrito a alguna.
Legalidad
Que en los datos de la DGT no vengan reflejadas todas las multas que se ponen por exceso de velocidad en esa vía –la sangría a talaveranos y comarcanos en los últimos años es palmaria- nos hace cuestionar si los controles se está realizando bajo la legalidad vigente que se aseguró, y dimos por hecha tras consultar las leyes en matería de seguridad vial.
En el bando municipal del pasado lunes, se señala que el radar se coloca “bajo el control de la Policía Local” y que “el denunciante es la Policía Local”, por lo que se da a entender que la empresa privada adjudicataria del servicio no presenta “denuncia voluntaria” (ver reportaje), la que cualquier ciudadano puede presentar con prueba fehaciente ineludible.
También se dice literalmente que ese denunciante, la Policía Local, “puede verse en cada una de las multas”.
Este digital ha tenido acceso a tres denuncias que dicen lo contrario, puesto que el epígrafe “Agente” no figura el nombre de ningún agente ni número de placa o persona alguna, como es preceptivo, y sí reza: “Medios de Captación de Imágenes”.
En ninguna parte más de las notificaciones aparece nombre alguno, salvo el del secretario-interventor del Ayuntamiento de Cazalegas que está facultado por resolución de Alcaldía para ser instructor de los procedimientos sancionadores.
También hay que tener en consideración que en el punto 7 del bando municipal se indica que “la tramitación y procedimiento sancionador es llevado a cabo por Policía Local y funcionarios debidamente autorizados. No por ningún particular”.
Sin embargo, si se presentan alegaciones a la multa recibida, como reza igualmente en la notificación de incoación de expediente sancionador, además del Registro General del Ayuntamiento de Cazalegas se ofrece "atención" en un teléfono y una dirección de correos de una de las empresas privadas que prestan el servicio del radar por contrato menor, lo cual desvela que en el procedimiento no sólo intervienen funcionarios o personal del consistorio cazalegueño.
Y que haya conductores sancionados que niegan haber visto a la Policía Local de Cazalegas junto al radar móvil privado (en el vídeo que la pasada semana se hizo viral y destapó la polémica, lo lógico hubiera sido la intervención de los agentes ante un ciudadano que caminaba por el arcén con el teléfono grabando, sin chaleco reflectante y que interactuó con el trabajador de una contrata municipal) y que no figuren las multas impuestas en los datos oficiales de la DGT (recordamos "comunicados por ayuntamientos y policías con competencia en materia de tráfico y seguridad vial”) hacen que el beneficio de la duda, jurídicamente tan importante, quede en el aire.
Los presupuestos hablan por sí solos
Como informamos en el reportaje realizado por AhoraCLM, el proyecto de presupuesto municipal para el ejercicio 2022 del Ayuntamiento de Cazalegas contempla un ingreso de 115.000 euros en el concepto de “multas por infracciones de la ordenanza de circulación”.
Estadísticamente la mayoría de las sanciones de tráfico que se incoan son por infracciones leves, lo que importa una cuantía de 100 euros. De esas, la mayor parte se abonan pronto pago para beneficiarse de la bonificación del 50 por ciento y evitar pleitos y burocracia. A raíz de estas consideraciones y tirando por lo bajo, cabe afirmar que el Ayuntamiento de Cazalegas presupuesta ingresar 1 multa por cada vehículo que tiene en su parque: 2.300 vehículos (aproximadamente) x 50 euros= 115.000€.
Volviendo a hacer un paralelismo con el ayuntamiento cabecera de comarca, el de Talavera de la Reina: su parque móvil ronda los 56.000 vehículos, si presupuestase una multa de 50 euros por cada uno, en el proyecto de presupuesto debería contemplar 2.800.000 euros, pero en verdad contempla la mitad.
Unas cuentas similares hicimos en el primer reportaje cogiendo la cuantía presupuestada por multas y la que se ingresa en concepto de Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica de los mismos ayuntamientos y el resultado fue igual de esclarecedor.
Del oscurantismo al victimismo
Seis días después de iniciarse la polémica, y tras dos comunicados de prensa bastante contradictorios e insustanciales, si el bando municipal que parecía definitivo y aclaratorio deja esas dudas expuestas y comienza hablando de “comentarios malintencionados en muchas ocasiones, ya se sabe, estamos casi en campaña electoral” y termina con “somos referentes, estamos en el punto de mira”, es que el Gobierno municipal de Cazalegas no es consciente de que lo que la ciudadanía ha trasladado en las redes sociales, que es su indignación por una medida impopular, que tildan de innecesaria y que se lleva a cabo por afán recaudatorio; y, según vamos conociendo más datos, porque la transparencia brilla por su ausencia, parece que van a tener razón.
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