Artículo de la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual
Sin miedo y sin desfallecimiento contra la explotación sexual de mujeres, niñas y niños
Redacción Ahora CLM 
Elisabeth es el nombre ficticio de una adolescente que fue vendida con 12 años por lo que cuestan unas cervezas para ser explotada sexualmente y que fue traficada entre Burundi y Tanzania. En un bar de Argentina, las pulseras de plástico que unas mujeres utilizaban indicaban el número de hombres con los que habían sido obligadas a tener relaciones sexuales.
Estos dolorosos ejemplos son solo una mínima muestra del horror que viven decenas de miles de mujeres, niñas y niños alrededor del mundo, también en nuestro país. Por eso, cada año, con motivo del Día Internacional contra la Explotación Sexual y el Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños que conmemoramos hoy, 23 de septiembre, es importante recordar datos y hechos que nos aportan instituciones y organismos nacionales e internacionales, porque detrás de cada uno de esos números hay una historia tan terrible como las que dan pie a este artículo.
La Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC) da cifras elocuentes al respecto: la trata de seres humanos es un fenómeno a escala mundial (la ONU recoge datos de 152 países, un 94 por ciento de la población mundial) y, aunque es muy diversa, la trata con fines de explotación sexual representa el 50 por ciento de todas las formas de trata y sus víctimas, que hasta en un 92 por ciento son mujeres y niñas.
Si ponemos el foco en Europa, el 72 por ciento de las víctimas de todas las formas de trata y el 92 por ciento de las víctimas de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas. En España, estos mismos porcentajes entre 2017 y 2020 se sitúan en el 59 y el 93 por ciento respectivamente; si hablamos exclusivamente de víctimas de explotación sexual, sin que esté por medio el delito de trata, en este mismo período hasta en un 97 por ciento las víctimas fueron mujeres y niñas.
Mas allá de los porcentajes, es importante dar datos concretos que dibujen en nuestra cabeza cuántas niñas como Elizabeth y cuántas mujeres como las del bar de Argentina existen en nuestros pueblos y ciudades: el año pasado, la Policía Nacional y la Guardia Civil liberaron a 1.056 víctimas de las redes de trata y por delitos de explotación sexual o laboral, incluidas dos niñas menores. Las víctimas liberadas de las redes de trata de seres humanos para su explotación sexual fueron 136 y las víctimas rescatadas de situaciones de explotación sexual fueron 355. La acción de ambos Cuerpos también hizo posible identificar a 4.704 personas en riesgo de ser prostituidas. De esto hablamos.
Por eso, hoy es una jornada para detenernos y reflexionar. En primer lugar, estamos hablando de un delito con una enorme dimensión de género sustentado en la consabida desigualdad estructural en la que se fundamentan todas las sociedades del planeta y que da pie a que se ejerza una violencia tan terrible como la que relatan las supervivientes de la explotación sexual. Por eso, urge intensificar la colaboración internacional, primero para acabar con uno de los negocios criminales más rentables del mundo; y, segundo, para mejorar las condiciones de vida de mujeres y niñas, cuya situación de desigualdad las hace extraordinariamente vulnerables.
En segundo término, es fundamental escuchar a las supervivientes y sus testimonios porque son las que nos pueden dar el contexto para luchar contra estos delitos; deben sentir nuestra protección y aliento como sociedad para romper la cadena del miedo y el chantaje a que son sometidas. Y, por supuesto, debemos protegerlas, acabar con su estigma y bridarles oportunidades para una nueva vida.
También debemos seguir trabajando para acabar con la impunidad de quienes utilizan vilmente a las mujeres y las niñas y hacer reflexionar a quienes están dispuestos a pagar, porque la explotación sexual no existiría sin no hubiese quien pague por ella.
Debemos seguir apoyando a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para que continúen con la magnífica labor que vienen desarrollando para prevenir, detectar y perseguir unos delitos que se han agravado con la pandemia y se han expandido por Internet gracias al uso global de la tecnología. De la misma manera, España, un país moderno con una sociedad basada en el reconocimiento de los derechos humanos, debe dotarse de las herramientas legislativas necesarias para acabar con una de las peores manifestaciones de la esclavitud en el siglo XXI.
Importantísimo es también el trabajo de sensibilización y atención social que vienen desarrollando las entidades del Tercer Sector Social y a las que, desde el Gobierno regional, apoyamos con diferentes líneas ayudas, dentro de nuestro reducido ámbito competencial en esta materia, desde el cual también prestamos atención a las víctimas.
Es cierto que desde nuestra realidad nos puede costar a veces imaginar el calvario de abusos y violencia por el que pasan las víctimas de trata y explotación sexual; la sordidez de los lugares en los que se explota sexualmente a mujeres, niñas y niños o la vulnerabilidad y la desesperación de quienes buscan una vida mejor o de, como quien dice, acaba de llegar a este mundo y, sin embargo, ya es víctima de redes organizadas o individuos sin escrúpulos que no tienen ningún problema en destrozar la vida de criaturas…
Es difícil imaginar, pero no podemos ponernos una venda ante una realidad que tenemos la obligación de combatir de manera individual, porque como personas estamos unidas al resto de la humanidad; y de forma colectiva, porque no debemos seguir permitiendo que, en las lindes más oscuras de nuestra sociedad, por las que se mueven mafia y delincuencia, sigan transitando el dolor y el sufrimiento de miles de mujeres, de niñas y niños.
El reto es grande, pero cuanto más grande es el reto más necesario es alzar la cabeza, apretar puños y dientes, fortalecer el ánimo y seguir caminando hacia adelante, sin miedos, sin desfallecimientos y sin dejar de hacer lo que debemos hacer. Por cierto, con 16 años Elisabeth logró volver a casa, en Burundi, con su familia.
Blanca Fernández Morena es consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha
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