Cuestionan su legalidad y la actitud de los propietarios de la empresa
Los sindicatos y el comité de empresa de Calzados Pablosky rechazan el ERE
Redacción Ahora CLM 
El comité de empresa de Calzados Pablosky y sus sindicatos, CCOO-Industria y UGT-FICA, han dado por finalizada sin acuerdo la negociación del Expediente de Regulación de Empleo presentado el pasado mes de noviembre por la familia propietaria de la empresapara despedir a 48 personas, el 15% de su actual plantilla.
Así lo han anunciado este viernes en rueda de prensa Rocío Arévalo y Lola Aceituno, presidenta y miembro del comité, respectivamente, junto a la secretaria general de CCOO-Industria de Toledo, María Jesús Fernández, y el responsable de UGT-FICA en la provincia, Sergio de la Fuente.
La representación de la parte social ha subrayado que consideran infundadas las causas económicas alegadas por la empresa para justificar el ERE y que en consecuencia solicitarán a la autoridad laboral que no lo apruebe; al tiempo que sus asesorías jurídicas demandarán en su caso la nulidad o la improcedencia de los despidos si Calzados Pablosky llega a realizarlos en los términos que pretende, con la mínima indemnización legal más unas “míseras limosnas”.
Además, han anunciado que el martes próximo reunirán a la asamblea de trabajadores para informarles de la situación y decidir las acciones sindicales a emprender para oponerse a los “despidos traumáticos” que supondrá el ERE que quiere llevar a cabo la familia Martín-Caro.
“No puede ser que haga un ERE a su antojo; un ERE que no es necesario porque igual resulta que en 2023 no tienen las mismas ganancias que el año anterior, pero pérdidas no tienen. Y porque desde junio del año pasado se llevaron a Marruecos parte de las secciones de cortado y aparado: si ese trabajo lo dejan en Fuensalida,las 48 personas que quieren echar no sobrarían.”
“Y porque no se van a deshacer de 48 personas, sino de más de cien, porque hay otras 68 más a las que han excluido del ERE porque tienen más de 63 años y se van a ir jubilando de aquí a 2026, sin coste alguno para la empresa.”
“Y así los Martín-Caro conseguirán sus objetivos: deslocalizar más y más a Marruecos para abaratar costes salariales y dejar la plantilla de Fuensalida por debajo de las 250 personas, para ser PYME en vez de gran empresa y obtener beneficios fiscales y acceso a subvenciones”, han denunciaron los sindicalistas.
“¿Que les decimos cuando plantean el ERE?: Que no estamos de acuerdo porque nuestroseconomistas, los de CCOO y los de UGT, no ven causas económicas, no las hay. Y que si querían quitarse gente, que fueran voluntarios, no despidos traumáticos”
“Tras la mediación del 14 de diciembre, cuando ambas partes decidimos ampliar el periodo de consultas, teníamos esperanza de llegar a un acuerdo, porque en una plantilla de 315 personas, hasta 110 son mayores de 59 años.”
"Toda su vida en la empresa"
"Trabajadores que llevan en Pablosky toda su vida, 47, 48, 49 y hasta 50 años. Ya han dado suficiente produccióna la empresa para que los Martín-Caro tengan una deferencia con ellos, les den las gracias por los servicios prestados, les faciliten la salidacon una indemnizaciónsatisfactoria para ambas partes y que descansen ya, que bien se lo han ganado. El comité, los sindicatos, la parte social estábamos convencidos de que esa podía ser la salida. Pero que va.”
Los Martín-Caro, explican las representantes de los/as trabajadores/es, tenían claro que las primeras personas a despedir tenían que ser las que los propietarios de Pablosky califican “las manzanas podridas”: 26 trabajadoras que durante años trabajaron en sus casas sin alta en la Seguridad Social y que Calzados Pablosky debió incorporar a su plantilla, y abonar las cuotas impagadas de los cuatro años previos, cuando la Inspección de Trabajo determinó que se trataba de “falsos autónomos”.
Los propietarios de la empresa responsabilizaban a estas personas en su conjunto de haber presentado denuncia ante la Inspección.
Además, los Martín-Caro solo ofrecieron la posibilidad de negociar salidas voluntarias para dos colectivos: las personas menores de 50 años y las que tengan entre 61 y 62. Excluyendo a las mayores de 63 porque no tardarán mucho en jubilarse; y excluyendo a las que están entre los 50 y los 61 para no tener que suscribir convenio con la Seguridad Social y seguir cotizando por ellas.
Y a las que si se les permite apuntarse voluntariamente al ERE, les ofrecen el mínimo legal, 20 días por año trabajado con una anualidad de tope, más un “incentivo” que, en el mejor de los casos -para las personas con menor antigüedad-, supondría cuatro días más por año.
“No es en absoluto satisfactorio, es una mísera limosna. Una táctica patronal para aparentar que han negociado. Ni CCOO ni UGT i el comité de empresa podíamos firmar un ERE en esas condiciones y reducir las posibilidades legales de los/as trabajadores/es de reclamar la nulidad de sus despidos, o sus improcedencias, con indemnizaciones de 33 días por año o de 45 para los contratados antes de 2012. Eso igual sí supone un problema para la empresa, pero son ellos los que lo están creando”, advierten los sindicalistas
“Nos sentimos dolidos, abandonados por nuestra empresa”, señalan por su parte Lola Aceituno y Rocío Arévalo, visiblemente afectadas por la situación que están viviendo.
“Nosotros sí que les hemos apoyado cuando nos lo han pedido, cuando nos pidieron pasar de fijos a fijos discontinuos hace tres años, con la pandemia, firmamos casi el 90%. Cuando nos han pedido echar horas las hemos echado. Cuando nos han pedido trabajar los sábados, hemos ido. Y que ahora que nos la jueguen así… Siempre nos decían que éramos una gran familia. ¿Familia? No nos consideramos ahora familia de los Martín-Caro. Ellos no nos tratan como familia, nos han abandonado”, concluyen.
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