El contrato está prorrogado desde abril de 2019

La nueva licitación de la ORA en Talavera tendrá que esperar

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Por tercera vez en lo que llevamos de legislatura, el estacionamiento regulado, ORA o Zona Azul se ha debatido en el Pleno del Ayuntamiento de Talavera.

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Nuevamente el Grupo Municipal de Vox ha insistido en acordar la extinción del contrato encontrando el único respaldo, últimamente algo habitual, de la concejala no adscrita Susana Hernández del Mazo.

El portavoz de la ultraderecha, David Moreno, ha afirmado que el contrato se puede "recuperar" (aunque la proposición habla de extinción) de un día para otro porque la concesión está vencida y no conllevaría indemnización. Asimismo, ha manifestado que la Zona Azul perjudica al comercio y que es deficitaria para la ciudad.

Ni populares ni socialistas han compartido el fondo de la cuestión ya que ambas formaciones son partidarias de mantener este servicio externalizado, eso sí, actualizado, adaptado a los tiempos y más beneficioso para las arcas municipales.

Esta sintonía no ha evitado algunos reproches entre los intervinientes de PSOE y PP, Luis Enrique Hidalgo y Santiago Serrano.

El contrato data de abril de 2009

El contrato rubricado por el Ayuntamiento de Talavera y la empresa Estacionamientos y Servicios, S.A.U. (EYSA) data de abril de 2009, luego se formalizó durante el mandato del socialista José Francisco Rivas.

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La duración del mismo contemplaba 10 años, por lo que antes de abril de 2019 el Gobierno del popular Jaime Ramos debería haber licitado un nuevo concurso de concurrencia.

Durante esos diez años la concesionaria recaudó aproximadamente 8 millones de euros, de los que el erario público del Ayuntamiento de Talavera sólo recibió 91.000 en números redondos.

La primera prórroga del contrato se llevó a cabo, por tanto, bajo el mandato del PP, aunque Serrano ha afirmado que “se lo comieron con patatas”. Por su parte, Hidalgo ha valorado su gestión ya que del Ejercicio 2019 el Ayuntamiento de Talavera recibió de EYSA 98.362 euros, más que durante los diez años anteriores.

Demora en una nueva licitación

Desde la primera vez que se debatió en Pleno el controvertido contrato de la Zona Azul, en octubre de 2020, el concejal responsable, Luis Enrique Hidalgo, mantiene que se está trabajando en la redacción de los pliegos administrativos y técnicos y que “llevamos cuatro o cinco borradores” porque la normativa está cambiando y hay que adaptarse a la Ley del Cambio Climático, que implica la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), y a los planes municipales de Movilidad Urbana Sostenible y al de Accesibilidad.

A colación ha recordado que al no haber licitación la prórroga del contrato es forzosa, siempre que la empresa no renuncie, por lo que el acuerdo de la Junta de Gobierno Local en 2020 de no aprobar la prórroga por los informes municipales desfavorables no puede llevarse a cabo.

Y es que esos informes, tanto el de Estudio de Viabilidad como el de Mejora de Gestión reflejan que en la actualidad el Ayuntamiento de Talavera podría recaudar de ese servicio externalizado entre 250.000 y 400.000 euros.

La Zona Azul y el comercio

El beneficio o perjuicio que supone la Zona Azul al comercio ha acaparado una parte del debate.

Moreno, que ha cifrado erróneamente las plazas de aparcamiento al elevarlas a 1.447, ha insistido que la ORA perjudica al comercio, a la hostelería y a los trabajadores que se desplazan en coche a la zona centro y que tienen que estar pendientes de cambiar el ticket (aunque desde hace tiempo se puede hacer desde un terminal móvil).

Un argumento que ha rebatido Hidalgo apuntando que si en las 1.229 plazas existentes fueran de libre disposición la rotación de vehículos brillaría por su ausencia y entonces comerciantes y hosteleros sí que se verían perjudicados.

Con datos, el concejal de Contrataciones y Seguimiento de Concesiones ha expuesto que esas plazas se multiplican por cuatro gracias a la Zona Azul, por lo que la rotación es necesaria, “como en todas las ciudades”.

También ha lamentado Hidalgo que Vox vuelva a traer por tercera vez la extinción del servicio sin pensar que los 13 controladores, "familias talaveranas", se quedarían sin trabajo, unos salarios que sufraga EYSA y que le suponen anualmente por todos los conceptos en torno a 400.000 euros.

Así las cosas, parece un hecho que la licitación de un nuevo contrato de la ORA más beneficioso para la ciudad se llevará a efecto pero sin fecha aún definida y sin saber si, como en otras ciudades, tendrán cabida las zonas verde (residentes) y naranjas (larga estancia) como ha propuesto Santiago Serrano, crítico con la "dejadez e inacción" del equipo de Gobierno en este asunto.

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