El nuevo Plan de Empleo se aprobará el 5 de julio y llegará a 11.000 parados

El nuevo Plan de Empleo se aprobará el 5 de julio y llegará a 11.000 parados
Emiliano García-Page, durante su intervención el los XI Premios a la Excelencia y la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos de Castilla-La Mancha.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este viernes que el nuevo Plan de Empleo para 11.000 desempleados se aprobará en el Consejo de Gobierono del próximo martes 5 de julio.

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García-Page ha recordado que el nuevo Plan de Empleo está dotado con 94 millones de euros.

Sobre la disminución en el número de contratos anunciados en un prinicpio, el líder autonómico ha indicado que ha habido que realizar "cambios normativos que nos están complicando bastante la programación y planificación, pero en todo caso refuerzan el trabajo de muchos ayuntamientos" que van a gestionar "muchos millones", ha dicho.

Más de 67 millones para ayuda a domicilio a la "cuarta edad"

Por otra parte, el jefe del Ejecutivo autonómico también ha anunciado que en el Consejo de Gobierno del 28 de junio se dará el visto bueno a un acuerdo de ayuda a domicilio dirigido a la "cuarta edad", y que será, según ha asegurado Page, "la mayor inversión en la historia" de este servicio que ha superado los cinco millones de horas de atención a los mayores.

Se trata de una inversión de 67,4 millones de euros para prestar la ayuda a domicilio y la Atención Primaria, lo que supone un incremento de 2,6 millones con respecto a 2021.

Para prestar estos servicios, se firmarán convenios con dos de cada tres municipios castellano-manchegos, casi el 80 por ciento de ellos en entornos eminentemente rurales.

Otras valoraciones de la actualidad

El presidente regional ha presidido el acto de entrega de los XI Premios a la Excelencia y la Calidad en la Prestación de los Servicios Públicos de Castilla-La Mancha, celebrado este viernes en Toledo, con la asistencia de todos los candidatos y en el que ha intervenido también el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina.

En otro orden de cosas, Page ha señalado que la administración de la Junta de Comunidades tiene que hacer una revolución tecnológica, "es un deber" y una exigencia de la gente, que sin embargo en algún momento se ha descuidado, lo que ha abogado por corregir y ser "los primeros" en innovar, para así ofrecer un mejor servicio al ciudadano.

En ese sentido, el consejero de Hacienda y Administraciones Públicas, Juan Alfonso Ruiz Molina, ha precisado que, desde el punto de vista de la digitalización, el 95 por ciento de los expedientes se tramitan ya en formato electrónico y Castilla-La Mancha es la cuarta comunidad autónoma "en la que más porcentaje de esos trámites se pueden realizar a través del móvil".

García-Page también ha apuntado que un escenario como el que había antes de la crisis de 2007 no va a volver y hay que estar prevenidos.

Pero ha advertido de que no se debe criminalizar a los servicios públicos cuando las cosas van mal, como se hizo en el pasado cuando, ha recordado, echaban "la culpa a la sanidad o a que había demasiados universitarios".

Ha manifestado que ya empieza a escuchar a dirigentes públicos que "están calentando el ambiente" diciendo que "nos vamos a hundir", y eso genera pesimismo.

Según Page, para los próximos años existen amenazas, pero "estamos conjurados para que no se ceben con la administración".

"Apostar a que las cosas vayan mal solo conduce a ajustes, no hay vuelta", ha avisado el presidente regional, quien ha añadido: "otra cosa es que el que haga los ajustes los haga con placer, disfrutando, y eso ha pasado".

Y otra amenaza, ha continuado, es que desde algunos sectores se hable de devolución de competencias al Estado, sin embargo, ha explicado que " hay más administración porque hay autonomía", pero también por ello se cuenta con muchos más sanitarios y docentes, "porque esto no se dirige desde un palacete en el Paseo de la Castellana".

Además, el Estado "no está en condiciones de recoger nada. Si les hemos hecho el trabajo con el covid y con otras cosas", ha afirmado, para después cuantificar que se perderían entre 6.000 y 7.000 puestos de trabajo en sanidad si se devolvieran las competencias, y en educación ocurriría lo mismo.

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