Y pensó que era legal
El exasesor de Cospedal dice que en la operación Kitchen cumplió órdenes de sus superiores
EFE - AhoraCLM 
El comisario Andrés Gómez Gordo, que fue asesor de María Dolores de Cospedal en el Gobierno de Castilla-La Mancha, y para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel por su participación en la operación Kitchen, ha defendido que cumplió con "las instrucciones de sus superiores jerárquicos, con el convencimiento absoluto de que estaba ante una operación policial totalmente legal y de la que carecía de toda información".
A Gómez Gordo, que ha presentado ante la Audiencia Nacional su escrito de defensa al que ha tenido acceso Efe, se le atribuye haber intervenido en la captación del confidente Sergio Ríos, también acusado, algo que la defensa niega en rotundo y asegura que el comisario "nunca" recibió información o documentación de él.
La Fiscalía cree que Sergio Ríos, a cambio de su labor de confidente, recibió 54.000 euros de los fondos reservados y la promesa de ingresar en la Policía, algo que finalmente ocurrió.
Gómez Gordo limita su actuación "a un hecho neutral y puntual" -"poner en contacto" a Ríos con Villarejo tras "ser requerido por sus superiores"-, se declara "completamente ajeno" a su proceso selectivo para ingresar en la Policía y justifica que pagase tres veces a Ríos en que se lo ordenó Eugenio Pino en su condición de DAO; antes, dice, lo hizo Villarejo.
Con todo, Gómez Gordo niega que tuviese una posición "dentro del organigrama de la Policía que le permitiera inferir que la operación fuera irregular" o que pudiese estar cometiendo algún delito, "sino todo lo contrario".
Por su parte, el número dos de la Policía con el Gobierno del PP Eugenio Pino ha defendido que la conocida como operación Kitchen fue "legal" y respondió al "lícito, pertinente y necesario interés policial" en investigar presuntos delitos del extesorero del partido Luis Bárcenas, y ha negado que ordenase robarle documentos.
Eugenio Pino, en su escrito de defensa, niega haber cometido ningún delito en torno a esta operación, que la Fiscalía considera "ilícita" y cree que se urdió desde el Ministerio del Interior en 2013 para espiar a Bárcenas y a su familia y sustraerles documentos relacionados con el caso Gürtel.
Anticorrupción, que también acusa al exministro del Interior Jorge Fernández Díaz en este caso, sostiene que el objetivo de Kitchen era obtener información y pruebas "que pudieran resultar incriminatorias" para el PP o sus "máximos dirigentes" y evitar que llegase a manos del juez.
Unos hechos que el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía, para quien la Fiscalía pide 15 años de cárcel, niega al considerar que no existe "el más mínimo indicio" de que ordenase o autorizase sustraer dicha documentación, al tiempo que defiende la "legalidad" de la actuación policial desde su "origen".
Su abogado alude al "lícito" interés policial en investigar unos hechos presuntamente delictivos, "más allá de una investigación judicial abierta y sin perjuicio de una posterior incorporación a la misma del resultado de una previa actividad policial autónoma".
Y recuerda que el comisario Enrique García Castaño también adujo la legalidad de las investigaciones policiales sobre "un supuesto desvío patrimonial" de Bárcenas a cuentas en el extranjero, y que todos los acusados, menos José Manuel Villarejo, han sostenido que las actuaciones de la operación Kitchen "respondían a legítimas razones de interés policial".
Rechaza también que ordenase a estos dos comisarios captar a un colaborador policial -Sergio Ríos, el chófer de Bárcenas- "con una finalidad espuria"; dice que era Villarejo el que lo "controlaba" y rechaza el carácter ilegal de esta figura, al tiempo que defiende la "autorización verbal del pago con fondos reservados" de sus gastos y necesidades, algo, precisa, "habitual".
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