Llegaron a registrar a 166 personas en una misma vivienda y a 108 en un local comercial
Una denuncia del Ayuntamiento de Talavera destapa una red de empadronamientos fraudulentos
La Policía Nacional ha detenido a ocho personas en Talavera y desarticulado una red de empadronamientos fraudulentos de ciudadanos extranjeros en situación irregular.
La red que captaba inmigrantes en situación de necesidad y además de cobrarles por los empadronamientos, también los ofrecían altas en la Seguridad Social mediante contratos ficticios a cambio de una contraprestación económica.
Investigación
La 'Operación Aladín' se inició tras una denuncia del Ayuntamiento de Talavera a mediados del pasado año, cuando se sospechó de la veracidad de algunos de los empadronamientos que habían tramitado.
En un principio fue la Brigada Local de Extranjería y Fronteras la que comenzó con el análisis de la documentación, si bien posteriormente y debido a la complejidad de la causa, se incorporaron los investigadores de la Brigada Local de Policía Judicial.
Los agentes pudieron averiguar que uno de los principales responsables del grupo delictivo se dedicaba a empadronar de forma masiva inmigrantes en tres domicilios, llegando a registrarse en el último año 166 personas en una vivienda, 108 personas en un local comercial y otras 15 personas en un tercer domicilio utilizado para este fin.
Así, en un año se empadronaron de forma fraudulenta hasta 289 personas en estas tres direcciones.
Estos empadronamientos, que se realizaban con burdas falsificaciones o bien presentando denuncias manuscritas de sustracción de documentación, contaban con la colaboración de dos personas en el Padrón municipal, quienes actuaban bien por acción o bien por omisión.
Los colaboradores cobraban entre 50 y 5.000 euros
Otro de los principales investigados utilizaba su empresa para dar de alta a los inmigrantes en la Seguridad Social, realizando contratos de trabajo ficticios para que así pudieran solicitar las correspondientes tarjetas de residencia y trabajo, así como beneficios y ayudas sociales.
Otros de los integrantes del grupo se dedicaba a captar inmigrantes en situación irregular interesados en estos trámites, e incluso algunos ofrecían sus inmuebles vacíos para que figurasen en ellos los empadronamientos.
Todos los componentes de este grupo actuaban con ánimo de lucro y eran totalmente conocedores de la actividad ilícita que estaban llevando a cabo, cobrando cantidades que oscilaban entre 50 y 5.000 por llevar a cabo las tareas asignadas dentro de la organización.
En el registro de uno de los domicilios y una oficina, se encontró gran cantidad de documentación y se intervinieron teléfonos móviles y un ordenador.
En esta operación han participado investigadores de las Brigadas Locales de Extranjería y Fronteras y de Policía Judicial de la Comisaría de Talavera de la Reina, así como de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF) con sede en Madrid.
A los ocho detenidos se les imputan favorecimiento de la inmigración ilegal, pertenencia a grupo criminal, falsedad documental y delitos contra la Administración de Justicia y la Administración Pública.
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