Que no superen el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar
IU-Podemos exige que las viviendas anunciadas para Toledo sean para alquileres sociales
Izquierda Unida (IU)-Podemos Toledo ha exigido este lunes que las viviendas anunciadas por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y la Empresa Municipal de la Vivienda (EMV) sean para alquileres sociales que no superen el 30 por ciento de los ingresos de la unidad familiar.
En una nota de prensa, la formación de izquierdas ha celebrado que las dos administraciones -regional y local- "se hayan dado cuenta" de que la ciudad necesita viviendas de alquiler que garanticen ese derecho constitucional a las familias y jóvenes.
Sin embargo, ha mostrado su "preocupación" por que las futuras viviendas salgan al mercado sin adaptarse a la realidad social, económica y laboral de la ciudad de Toledo, ya que ha advertido de que no es asequible para la mayoría de las familias y, mucho menos para los jóvenes, pagar 700 euros de alquiler.
En este sentido, ha precisado que el salario medio en la capital castellanomanchega es de 1.447 euros y, por tanto, ese tipo de alquiler "en absoluto es asequible y acorde a la situación laboral, social y económica de la ciudad", a la vez que ha recordado que la propuesta de la Ley de Vivienda es que las familias no se vean obligadas a destinar más del 30 % de los ingresos a esos fines.
La situación de viviendas ya construidas
Además, IU-Podemos ha apremiado a la Junta de Comunidades a resolver, antes de nuevos desarrollos, la situación de parálisis de 86 viviendas ya construidas en la calle Guadalmena del barrio de Santa María de Benquerencia.
También ha pedido a la EMV que intervenga en el mercado de la vivienda para garantizar el derecho constitucional con la promoción de la construcción social, pero "sin caer en la tentación de permitir la edificación privada y de libre mercado".
De igual forma, ha solicitado que se afronte el problema de gentrificación impulsado por la elevación de precios que genera la vivienda turística masiva, al tiempo que ha instado a la EMV a trabajar con los propietarios de las viviendas cerradas para poder sacarlas al mercado y aumentar así la oferta.
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