Condenan al Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán por vulnerar los derechos de una concejala

Condenan al Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán por vulnerar los derechos de una concejala
Imagen de una sesión plenaria del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán.
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El Tribunal Contencioso-Administrativo de Toledo ha condenado al Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán por vulnerar el derecho a la participación recogido en el Artículo 23 de la Constitución Española, tras no facilitar la documentación y la información solicitada por una concejala del PSOE acerca de labores administrativas y el estado de las cuentas municipales.

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Los hechos se remontan a finales del pasado año, cuando una concejala del Grupo Municipal Socialista requirió por los cauces correspondientes al consistorio pueblano, dirigido por la popular Soledad de Frutos, conocer la información de diferentes procesos administrativos del ayuntamiento, tales como las actas de las diferentes Juntas de Gobierno, las modificaciones de crédito presupuestarias, los convenios firmados con las asociaciones deportivas, el registro de entrada de facturas o el saldo bancario de las cuentas del Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán.

Ante la negativa del equipo de gobierno de facilitar esta información, en enero de este año el PSOE pueblano decidió recurrir a la justicia.

Meses después, el Contencioso-Administrativo le ha dado la razón al PSOE, asegurando que el Ayuntamiento de La Puebla de Montalbán infringió el Artículo 23 de la Constitución Española, un derecho fundamental, “al no facilitar a la recurrente la documentación einformación solicitada para el ejercicio de su labor de control y fiscalización a los órganos de gobierno municipal”, dictamina la sentencia.

En la nota de prensa informativa sobre esta sentencia, el PSOE señala que “con el fallo judicial, queda ratificado que el gobierno del Partido Popular dirigido por Soledad de Frutos privó al Partido Socialista de un derecho fundamental de la Constitución Española. Por ello, el consistorio pueblano se ve obligado a hacer pública la información solicitada por los y las socialistas, así como a cubrir los costes que ha supuesto el proceso judicial”.

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