El Ayuntamiento se impone tras cinco años de litigios
La Junta asume sus competencias y arregla la escombrera La Barrera de Gálvez
Redacción Ahora CLM 
El alcalde de Gálvez, Manuel Fernández Lázaro-Carrasco, ha mostrado su satisfacción tras conseguir después de más de cinco años de litigios y conflictos administrativos con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que ésta asuma sus competencias y haya cursado al Consistorio local “por fin” la licencia de obra y el proyecto para llevar a cabo las obras de retirada de enseres y adecentamiento donde durante años ha existido una escombrera o vertedero ilegal, en la vía pecuaria Colada del Sano –conocida como La Barrera-, propiedad del Gobierno regional.
A pesar de todo, Fernández se muestra cauto y manifiesta que “estaremos vigilantes para ver que las actuaciones que con anterioridad se nos exigían a nosotros -pues alegaban que la vía pecuaria era del Ayuntamiento-, ahora ellos las cumplan de manera escrupulosa pues existen elementos contaminantes cuya retirada exige ser llevada a cabo por un gestor de residuos autorizado”.
Durante todos estos años la Junta ha interpuesto numerosas denuncias al Ayuntamiento que, “una vez demostrado por los propios técnicos de la Junta que el terreno es suyo (de la Junta), ha hecho que se inviertan las tornas. Ahora espero que todo lo que nos exigían a nosotros, lo cumplan ellos”.
Finalmente, las propias actuaciones de la Junta de Comunidades dan la razón al Consistorio de Gálvez, demostrando que es una vía pecuaria propiedad de aquellos, como vienen a dar la razón los hechos probados de la solicitud de licencia de obra y la presentación del proyecto cursada al Ayuntamiento de Gálvez.
Durante todos estos años, incluso el PSOE local, ha remado en contra de los intereses del municipio, “alentando y aplaudiendo denuncias y sanciones económicas desde la Delegación de Sostenibilidad contra nuestro Ayuntamiento e incoando que asumiéramos lo que no nos correspondía”, denuncia Fernández.
“Hasta el Grupo Socialista en el último pleno reconoció que la propiedad, competencias y las labores de policía corresponden a la Junta. Yo solo les pedí en él que se retractaran y pidieran disculpas, no a mí sino al pueblo, a pesar de los ataques a mi persona recibidos”.
A la espera de una resolución
De hecho, a fecha de hoy, el Ayuntamiento de Gálvez está a la espera de una resolución contenciosa administrativa en el Tribunal Superior de Justicia de Albacete.
Por todo ello, y aunque lamenta que desde la Junta y más concretamente desde la Delegación de Sostenibilidad y el PSOE de Gálvez nunca antes se hayan avenido a razones para auspiciar un convenio y colaboraciones más satisfactorias para arreglar antes esta situación, muestra toda su disposición y facilidades para que en el menor tiempo posible se lleven a cabo las actuaciones de limpieza “con toda la meticulosidad y rigor con la que nos eran demandadas, cuando entendían que era de nuestra competencia”.
Entre los trabajos que ahora, todo apunta, que reconoce la Junta que son de su competencia, como la retirada de voluminosos y retirada de algunos escombros que ya ha empezado a llevar a cabo, se tendrán que realizar todos aquellos otros que eran exigidos al Ayuntamiento de Gálvez a través de denuncias y sanciones por importes de 2.700 y de 500 euros cada mes que pasara sin actuar.
Entre ellos retirada de los vertidos por un gestor autorizado, acondicionamiento del terreno, eliminando desniveles; corregir el impacto visual; cubrimiento de toda el área con una capa de tierras limpias y semillar para acelerar la naturalización; impedir el acceso al vertedero mediante vallado del perímetro, etc.
“Nos congratula que la Junta actúa por fin incluso antes de que se dictamine la sentencia”. “El pueblo de Gálvez ha ganado –hace hincapié Manuel Fernández- no solo moralmente, sino económicamente pues todo apunta a que el desembolso de esas sanciones, alentadas por el PSOE local entre otros, y el coste de las obras en sí no correrán a cargo de los vecinos de Gálvez”.
El Ayuntamiento se reserva el derecho a interponer las actuaciones correspondientes una vez que se conozca la sentencia, para resarcir los daños ocasionados, “en caso de darnos también la razón el Tribunal”.
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