Para ello solicitará una Conferencia de Presidentes

García-Page pide alcanzar un acuerdo que impida al Estado elaborar leyes sin garantizar su financiación

García-Page pide alcanzar un acuerdo que impida al Estado elaborar leyes sin garantizar su financiación
Emiliano García-Page.
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El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha anunciado este miércoles su intención de “pilotar”, a partir de enero, una iniciativa para solicitar una Conferencia de Presidentes para que haya acuerdo de Estado “que asuma con las comunidades autónomas un compromiso riguroso” de no aprobar legislaciones que suponen gastos a las autonomías “si no van acompañados de la financiación específica y además garantizada”.

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Tras la firma, en Cuenca, de un protocolo entre la Universidad de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a fin de compartir las instalaciones de la UCLM en el campus conquense para celebrar eventos que se desarrollen en la ciudad, el presidente regional se ha mostrado muy crítico con las decisiones de una “política desaprensiva que se plantea a nivel nacional”, una política “facilona, inasumible, del yo invito y tú pagas”.

En este sentido, y ante la queja de los rectores por la falta de financiación de la nueva Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU), cuya aplicación estiman en unos 844 millones de euros, García-Page ha incidido en que “somos muchos en las comunidades autónomas los que podemos decir que estamos muy hartos ya de la facilidad con la que a nivel nacional se plantean simples ocurrencias o proyectos de ley que, sinceramente, se construyen en el aire sin contar con casi nadie y con muy difícil materialización”.

Así, el presidente castellanomanchego ha asegurado compartir con la CRUE la preocupación “con el gasto que la decisión del Estado obligará a las universidades. Las comunidades autónomas que no hemos compartido la legislación que se plantea no la vamos a financiar. No lo vamos a plantear. Vamos a establecer reclamación al Estado para que asuma la deuda que obliga a las universidades a asumir un gasto no financiado previamente. Es muy cómodo, fácil e irresponsable que en España se legisle para que paguen los demás", ha lamentado García-Page.

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