Los embalses de cabecera acumulan mil hectómetros cúbicos
El Gobierno regional considera que es ahora cuando se deben modificar las normas del trasvase
Redacción Ahora CLM 
El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reclamado que es en estos momentos, en que los embalses de cabecera del Tajo acumulan 1.000 hectómetros cúbicos, cuando se deben modificar las reglas del trasvase al Segura y ha exigido que en ese cambio se tengan en cuenta las necesidades de la cuenca cedente.
La consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, ha realizado este viernes estas peticiones en una rueda de prensa en la que ha presentado el documento técnico que la región ha elevado al Ministerio para la Transición Ecológica en el que se recogen sus propuestas para modificar las reglas del trasvase y que el propio ministerio solicitó a las comunidades autónomas involucradas en el Tajo-Segura.
Gómez ha lamentado que, si bien el Miteco dio como plazo hasta el 27 de marzo para presentar ese informe, solo Castilla-La Mancha lo ha hecho, mientras que ha denunciado que la Comunidad Valenciana y la Región de Murcia confirmaron este jueves en la reunión del Consejo Nacional del Agua que no lo habían presentado e incluso ha reprochado que Valencia "exigió que Castilla-La Mancha tuviera solidaridad hídrica" con Levante.
Para Gómez, el hecho de que estas regiones no hayan presentado el documento técnico es "una falta de respeto" hacia el Miteco, si bien ha admitido que tampoco este Ministerio ha dado a conocer el informe del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) en el que basará su propuesta para modificar las normas del trasvase.
En cualquier caso, la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha explicado que la postura de la región no ha variado con respecto al trasvase del Tajo, y que pasa por abogar por que se pongan en funcionamiento a pleno rendimiento las desaladoras construidas en el Levante con fondos del Gobierno central.
Por lo tanto, ha defendido que el agua del Tajo se destine principalmente a garantizar las necesidades de la cuenca cedente, algo que a su juicio no ocurre en la actualidad; que se blinde que se podrán alcanzar los caudales ecológicos del río en 2027 y que se respete el buen estado medioambiental del Tajo.
Para Gómez, el que los embalses de Entrepeñas y Buendía, en la cabecera del Tajo, hayan superado los mil hectómetros cúbicos es "un espejismo" que se ha tardado doce años en conseguir y por ello ha incidido en que es el momento de cambiar las reglas de explotación del trasvase, que permitan atender las necesidades de la cuenca cedente.
En concreto, ha reclamado que se tengan en cuenta los desembalses necesarios para el Alberche, que en estos momentos no están contemplados en las actuales reglas de explotación ni tampoco se recogen en la planificación hidrológica aprobada en 2023.
Asimismo, ha desvelado que en Castilla-La Mancha se ha negado la aprobación de nuevos regadíos por falta de agua y ha lamentado que incluso algunos agricultores han desistido de seguir adelante con sus proyectos por esta carencia.
También ha pedido que se garantice el abastecimiento para los 22 municipios que están en el entorno de los embalses de cabecera, que sufren restricciones en sus usos y que no tienen la oportunidad de disponer de agua desalada, como sí la tienen en la zona del Levante.
Y en cuanto al argumento de que el agua desalada supone un mayor coste, Gómez ha negado este extremo al señalar que un informe de la Asociación Española de Desalinización apunta que "el agua desalada es 500 veces más barata que el agua embotellada".
Sobre las consecuencias medioambientales, además de reclamar que se garanticen los caudales ecológicos aprobados en el plan de cuenca aprobado en 2023, ha alertado de que si no hay un régimen natural en el Tajo se pueden ver perjudicados espacios naturales como el Parque Natural del Alto Tajo o de la Sierra Norte de Guadalajara.
En cuanto a los plazos que maneja para que se puedan aprobar las nuevas reglas de explotación, Gómez se ha mostrado escéptica a que se pueda llevar a cabo en un plazo breve de tiempo, pues ha indicado que una vez que se tenga la propuesta, se debería hacer una consulta previa a las partes sobre la propuesta y después llevarla al Consejo Nacional del Agua.
A continuación, debería haber un informe del Consejo de Estado y, por último, que ese informe se apruebe en el Consejo de Ministros.
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