Tiene que hacer pública la sentencia y abonar los gastos que ha supuesto el proceso judicial

Condenan al Ayuntamiento de Magán por vulnerar el derecho de participación de una concejala

Condenan al Ayuntamiento de Magán por vulnerar el derecho de participación de una concejala
José Luis Martínez, alcalde de Magán.
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El Tribunal Contencioso-Administrativo de Toledo ha dado la razón al PSOE de Magán y ha condenado al Ayuntamiento de la localidad, dirigido por el popular José Luis Martínez García, por vulnerar el derecho a la participación recogido en el Artículo 23 de la Constitución Española, impidiendo que se conociera la actividad de las líneas telefónicas de los dispositivos vinculados al personal del consistorio, tal y como solicitó el grupo Socialista.

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Una concejala del PSOE solicitó en febrero del pasado año, por los cauces administrativos correspondientes, conocer la actividad de los números de teléfonos asociados al Ayuntamiento, a lo que el gobierno del Partido Popular, liderado por José Luis Martínez, se negó, alegando que no se podía facilitar dicha información porque se vulneraría la Ley Orgánica de Protección de Datos personales y garantía de derechos digitales, según apuntan los socialistas en un comunicado.

Casi un año después, la Justicia ha sentenciado que el Ayuntamiento de Magán infringió el Artículo 23 de la Constitución Española, un derecho fundamental, al “no facilitar a la edil del PSOE la documentación solicitada en su calidad de concejala para el ejercicio de su labor de control y fiscalización a los órganos de gobierno”, dictamina la sentencia.

También, que no existía incumplimiento de la Ley de Protección de Datos, tal y como habían alegado, ya que el acceso a esa información resulta necesario para llevar a cabo el control que realizanlos miembros de la oposición.

Con el fallo del Contencioso-Administrativo, la justicia ratifica que se privó a la concejala socialista de un derecho fundamental de la Constitución Española. Por ello, el Ayuntamiento de Magán se ve obligado a hacer pública la información solicitada por la concejala socialista, así como a cubrir los costes que ha supuesto el proceso judicial.

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