La tercera comunidad con más asignación para desarrollar la Ley de Memoria Democrática

Castilla-La Mancha percibirá más de 300.000 euros para exhumación de fosas franquistas

Castilla-La Mancha percibirá más de 300.000 euros para exhumación de fosas franquistas
Representantes de las CCAA, con el castellanomanchego Javier Vicario (i).
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El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha dado a conocer las asignaciones de fondos para que las comunidades autónomas puedan seguir desarrollando la Ley de Memoria Democrática.

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Un acuerdo alcanzado sin votos en contra durante la reunión telemática del Consejo Territorial de Memoria Democrática, que ha estado presidida por el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres; el secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez; y representantes de todas las comunidades y de Ceuta y Melilla.

A resultas, serán 3 millones de euros los que se repartirán en este 2024, de los que 313.874 euros corresponden a Castilla-La Mancha, siendo la tercera comunidad que mayor cantidad recibir por detrás de Andalucía (521.210 euros) y de Cataluña (419.856 euros), según la tabla de datos hecha pública por el departamento ministerial.

El reparto de estos fondos entre las comunidades autónomas se ha asignado teniendo en cuenta la cantidad de fosas que tiene cada una de ellas.

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El dinero debe ser empleado a tenor de dos líneas, ya que de esos 3 millones de euros, un total de 2 millones irán destinados a la localización de fosas, la exhumación y la identificación de restos, y el millón restante a acciones para dar a conocer estos hallazgos y "dignificar" esos lugares.

En representación del Gobierno de Castilla-La Mancha ha estado presente en la reunión del Consejo Territorial de Memoria Democrática el viceconsejero de Relaciones Institucionales, Javier Vicario.

Nada de leyes de concordia ni recursos

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En el comunicado tras el Consejo telemático, el secretario de Estado ha dicho que en la reunión no se ha comentado nada sobre las llamadas leyes de "concordia" impulsadas por los gobiernos autonómicos de la Comunidad Valenciana y de Castilla y León, y tampoco sobre el recurso que el Gobierno ha presentado ante el Tribunal Constitucional contra la derogación de la ley de memoria democrática de Aragón.

Además, ha asegurado que el Ministerio no ha recibido quejas por parte de ningún representante autonómico en esta reunión, en la que también se ha abordado, por ejemplo, la necesidad de que las comunidades remitan su catálogo de símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática para seguir completando el estatal, previsto en la ley nacional de Memoria Democrática.

Bonaparte, el banco estatal de ADN

Por otro lado, el Ministerio ha informado a las comunidades autónomas de que ya está en marcha el banco estatal de ADN, denominado 'Bonaparte', previsto también en la ley y al que han empezado a subirse, por medio de un software, perfiles genéticos de personas desaparecidas o muertas en la Guerra Civil y durante la dictadura y represión franquista para poder cotejarlo con muestras de cadáveres o de ADN.

El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias forenses es el encargado de gestionar este banco estatal de ADN, en el que va a ser posible también que aquellos ciudadanos que lo deseen den muestras de ADN por si en un futuro fuera necesario localizar cadáveres de sus antepasados, según ha explicado el secretario de Estado de memoria democrática.

En la reunión también se ha designado a las comunidades autónomas que integrarán junto a otros actores dos comisiones técnicas puestas en marcha recientemente por el Ministerio.

En concreto, Extremadura y Asturias formarán parte de la comisión sobre la memoria y reconciliación con el pueblo gitano, y Cataluña y Navarra integrarán la comisión para estudiar el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la guerra civil.

El secretario de Estado ha presidido una tercera comisión dedicada a estudiar posibles vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y 1983, sobre la que se ha limitado a decir que tienen previsto ahora determinar la metodología para luego determinar qué casos concretos abordar.

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