Junto a Cooperativas Agro-alimentarias de la región y diversas comunidades y asociaciones de usuarios de aguas
Asaja Castilla-La Mancha recurre el nuevo plan hidrológico del Tajo
Redacción Ahora CLM 
Asaja Castilla-La Mancha, junto a Cooperativas Agro-alimentarias de Castilla-La Mancha y diversas comunidades y asociaciones de usuarios de aguas han dado a conocer este lunes que han interpuesto un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto 35/2023 de 24 de enero, por el que se aprueba la revisión de los planes hidrológicos, entre ellos el de la cuenca del Tajo.
En rueda de prensa, el presidente de ASAJA Castilla-La Mancha, José María Fresneda, y el director general de Cooperativas Agroalimentarias de Castilla-La Mancha, Juan Miguel del Real, han explicado que “este recurso se presenta por dos motivos: uno por responsabilidad y otro por coherencia, porque no podemos dejar a nuestros agricultores solos en este momento y teníamos que llevarlo hasta las últimas consecuencias”.
A colación han afirmado que “estos planes limitan la capacidad productiva y abocan al sector agroalimentario a la ruina al dejarlo sin herramientas para desarrollar una agricultura competitiva”.
Los dirigentes, que han estado acompañados por el vicepresidente primero de la organización agraria, Florencio Rodríguez, y el vicepresidente de Cooperativas, Julio Bacete, además de otros responsables de las organizaciones y comunidades de regantes, han señalado que “esta planificación no ha tenido en cuenta las alegaciones que presentamos ante las Confederaciones Hidrográficas encaminadas a un uso más eficiente del agua y a atender todas las demandas legítimas, como la continuidad de las actividades agropecuarias”.
“Los planes hidrológicos ahondan en medidas fracasadas, como los recortes de dotaciones, las sanciones, multas y limitaciones que hacen inviables las explotaciones agrarias y asfixia al regadío”.
Asimismo, han señalado que el RD “deroga medidas como la acumulación de recursos en determinadas parcelas que permitían unas explotaciones más rentables y el ahorro de agua.
Igualmente apuntan que el texto aprobado “se basa en estudios parciales sobre los recursos disponibles y el estado de las masas de agua y de los acuíferos. No hay un cálculo sobre el volumen de reservas de aguas subterráneas existentes que sirva de punto de partida, han asegurado”.
Por otro lado, han criticado que se impidan nuevas captaciones, refiriéndose a los pozos de un volumen máximo de 7.000 m³/año, “por haber considerado de forma preventiva la sobreexplotación de los recursos, poniendo en riesgo el futuro del sector agroalimentario en nuestra región”.
Por eso resumen que, “agotada la vía de la manifestación y la negociación, se ha acordado judicializar este problema y, aunque sabemos que se inicia un proceso largo, confiamos en que, al final, el Tribunal Supremo nos dé la razón y el esfuerzo haya merecido la pena”.
Por último, los representantes del sector han exigido también una política hidrológica que vertebre el país, de tal manera “que equilibre las zonas deficitarias con las excedentarias. La solución pasa por invertir en infraestructuras para gestionar y sacar el máximo rendimiento posible al agua, antes de que se pierda en el mar”.
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