La ONU dice que España vulneró derechos de un condenado con discapacidad intelectual de Toledo
Redacción Ahora CLM 
El Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha dictaminado que España vulneró los derechos de un condenado con discapacidad intelectual -por un suceso ocurrido en la provincia de Toledo-, al que juzgó sin tener en cuenta esa circunstancia y sin adoptar medidas de apoyo para garantizar su acceso a la justicia.
El acusado, con una discapacidad intelectual superior al 70 por ciento, fue condenado a 25 años de cárcel en relación con el robo en 2013 en una vivienda en la provincia de Toledo en el que murió una persona.
El Comité de Naciones Unidas considera que "la falta de accesibilidad y de ajustes procedimentales y apoyos durante el proceso penal" constituyó una violación de sus derechos, tal y como expone en su dictamen, al que ha tenido acceso EFE.
Ante esta situación, el Comité señala que el estado tiene la obligación de proporcionarle una compensación por los daños causados y por los gastos judiciales en que haya incurrido para presentar la comunicación ante la ONU, que trasladó con el apoyo de Plena Inclusión España.
En su recomendación, también recoge la obligación de ofrecer un juicio "con todas las garantías, asegurando que el autor disponga de los ajustes procedimentales y apoyos necesarios".
La entidad documentó que ni la policía al detenerle, ni el juzgado al prestar declaración, detectó que el acusado era una persona con discapacidad intelectual, y que cuando se acreditó ante el juzgado, tampoco se tomó ninguna medida ni se tuvo en cuenta de ninguna forma.
El acusado alegó que sus necesidades de apoyo afectaron claramente a su capacidad para desenvolverse en el proceso penal en igualdad de condiciones y relató cómo en diversos momentos tuvo dificultades para comprender la información y para comunicarse con el resto de los implicados y participantes en la causa, según recoge el dictamen de la ONU.
El Comité señala que España deberá adoptar medidas para evitar que se produzcan vulneraciones similares en el futuro, como la formación a los profesionales que intervienen en los procesos o promulgar legislación y políticas para eliminar las barreras que experimentan las personas con discapacidad en el acceso a la justicia.
La comunicación concluye instando al Estado a presentar, en un plazo de seis meses, una respuesta por escrito, que habrá de incluir información sobre las medidas que haya adoptado en vista del dictamen y las recomendaciones del Comité.
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