Constata falta de personal y el aumento del cibercrimen y delitos contra la libertad sexual
La Fiscalía de Castilla-La Mancha presenta su memoria anual de actividad
Redacción Ahora CLM 
El fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández, ha entregado este jueves la memoria anual de su Fiscalía al presidente de la Junta Comunidades, Emiliano García Page, y posteriormente hacía lo propio en las Cortes regionales.
Fernández ha aprovechado la presentación de este balance de actuaciones para constatar que en general la Fiscalía de Castilla-La Mancha “trabaja bien” pese a tener "un déficit bastante grande de personal".
En el resumen de la actividad llevada a cabo en 2023, el fiscal superior concretaba que se produjo "un incremento general de la delincuencia" en la región, con especial incidencia en ámbitos como el cibercrimen o los delitos contra la libertad sexual.
Fernández ha hecho hincapié en ciertas tipologías delictivas que resultan "preocupantes" para los fiscales, como el cibercrimen, que ya representa el 25 por ciento de la criminalidad registrada en España.
De estos delitos, el 90 por ciento son "patrimoniales", fundamentalmente estafas", y el 10 por ciento restante engloba conductas "muy graves" y dirigidas a menudo contra menores, como la distribución de pornografía, coacciones, amenazas o acoso.
En este sentido, el fiscal superior ha destacado que "la realidad criminológica de las redes sociales es absolutamente preocupante", pues el acceso a "contenidos ilícitos, en general, y pornográficos en particular" por parte de menores está "descontrolado".
Ha alertado Fernández de que las redes sociales son un "campo de actuación" para pederastas o depredadores sexuales, así como un vehículo de mensajes de "inducción a las autolesiones, al suicidio, a la anorexia o a la bulimia", y considera que su uso requiere un mayor control tanto de las familias como de los centros educativos.
La mayoría de delitos graves son contra la libertad sexual
Por su parte, los delitos contra la libertad sexual muestran "una tendencia creciente" en Castilla-La Mancha y representan "dos de cada tres delitos graves" (con penas superiores a nueve años de prisión) en la región.
Fernández ha explicado que la mayoría de estos delitos se cometen contra menores de dieciséis años y en el ámbito familiar, siendo el perfil de delincuente más habitual el compañero sentimental de una madre que abusa de su hija, de manera prolongada en el tiempo.
Esto acarrea "una carga criminológica muy importante", porque lo hechos "no son únicos" y, de hecho, normalmente "es casi imposible determinar una cifra" de abusos, máxime cuando las víctimas rara vez denuncian ante la primera conducta delictiva.
Asesinatos machistas
En el ámbito de la violencia de género, Fernández ha recordado que en 2023 hubo dos asesinatos machistas en Castilla-La Mancha y ha apuntado que, si bien "se incrementan los procedimientos", el año pasado descendió el número de órdenes de protección emitidas.
Otro problema, "no exclusivo de este año", es el de las retractaciones en los testimonios, frecuentemente propiciado por las dilaciones en los procesos, que causan "desinterés" a la víctima.
Fernández también ha expresado su preocupación ante la siniestralidad laboral, pues Castilla-La Mancha sigue "en el grupo de cabeza a nivel nacional" en cuanto a muertes en accidentes laborales.
Y ha llamado la atención, asimismo, sobre la situación de los inmigrantes, a menudo víctimas de "explotación laboral" y "trata".
Procesos lentos y muchos juicios suspendidos
En cuanto al funcionamiento de la Justicia, Fernández ha puesto el foco en "dos áreas que van empeorando año a año", que son "la lentitud de las causas" y las "suspensiones de juicios".
De un lado, Fernández ha señalado que se dan "periodos muy dilatados de tramitación", por lo que todavía se siguen juzgando hechos de hasta hace ocho años, y ello provoca además que se aplique frecuentemente la atenuante de dilaciones indebidas.
Por otro lado, el fiscal superior ha recalcado que en Castilla-La Mancha se suspende el 46 % de los juicios que se señalan, porcentaje que llega al 60 por ciento en algunas provincias, con lo que "se ralentiza mucho la respuesta judicial".
Ha aprovechado Fernández para recalcar que la Fiscalía de Castilla-La Mancha necesita "más fiscales" y "más funcionarios", pues ello les permitiría aligerar la "sobrecarga de trabajo" y atender mejor algunas de sus competencias, como el control de la aplicación de medios de contención mecánicos y farmacológicos en unidades psiquiátricas.
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