El Partido Popular de Carranque ha emprendido acciones legales contra la concejal de Ciudadanos, María Ángeles Díaz, por malversación de caudales públicos, al haber descubierto que utilizó indebidamente dinero del Ayuntamiento para pagar una deuda personal ante la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), según un comunicado remitido por esta formación política.
La concejala de Cs, y firmante de la moción de censura, fue cesada como Teniente de Alcaldía el día pasado 22 de junio de este año, al detectarse graves irregularidades en su gestión.
Una vez cesada, precisamente al objeto de emitir el finiquito de su salario como miembro del Gobierno municipal, se tuvo conocimiento de que, eludiendo la preceptiva firma de la interventora municipal y de la alcaldesa, realizó presuntamente una transferencia desde la cuenta del Ayuntamiento de Carranque en la entidad Liberbank a la cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social para cancelar una deuda propia, pues la TSGG remitió al Ayuntamiento en fecha 01/08/2019 una orden para que se la embargara a la concejala su nómina por deudas particulares con esas administraciones, transfiriendo la concejala ese mismo día sin las referidas firmas el importe del embargo, tal y como dice el escrito del Partido Popular.
“Diversos requerimientos”
Además, según consta en la contabilidad, la concejala solo devolvió al Ayuntamiento parte del importe de la transferencia, por lo que la Secretaria Municipal le ha hecho diversos requerimientos que constan en el expediente municipal incoado y la concejala rehúsa contestar. Para el PP de Carranque, el hecho descrito supone una presunta prevaricación y malversación de caudales públicos que se ha denunciado ante la Justicia, sostiene en su misiva.
El Partido Popular de Carranque apunta que se ha detectado que María Ángeles Díaz pudo falsear la declaración de bienes e intereses depositada en el Ayuntamiento al principio de la legislatura al ocultar deliberadamente dos de las tres empresas en las que participa como socia o administradora y cuya incidencia o incompatibilidad con sus funciones de Concejal de Urbanismo y Obras se desconocen. El solo hecho de ocultar datos en la declaración ya ha sido considerado por diversos tribunales como un delito de falsedad en documento público, por lo que desde el Partido Popular se pondrá también inmediatamente en conocimiento del Juzgado de Instrucción correspondiente.
