El delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, Francisco Tierraseca, ha presidido la reunión de constitución del Centro de Coordinación Operativa en Castilla-La Mancha, que vigilará el cumplimiento de las medidas adoptadas como consecuencia de la crisis del Covid-19.
Los participantes en este primer encuentro, de carácter presencial en la Delegación del Gobierno y manteniendo las medidas de seguridad establecidas, han sido representantes de la Delegación del Gobierno en la región, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Ayuntamiento de Toledo, Guardia Civil, Policía Nacional, Unidad Militar de Emergencias y Policía Local de Toledo.
En esta reunión, que da paso a la constitución también este miércoles de los consiguientes Centros de Coordinación Provinciales, Tierraseca ha hecho referencia a la importancia de la “coordinación y colaboración entre administraciones para garantizar la aplicación de las medidas de seguridad, como consecuencia de la declaración del estado de alarma, por parte del Gobierno de España”.
Al finalizar la reunión, se ha comentado el Real Decreto Ley que publica este miércoles el BOE y que amplía las medidas ya tomadas por el Gobierno de España con un paquete económico y social.
Nuevas medidas nacionales
El Ejecutivo ha decidido destinar cerca del 20 por ciento del PIB, 200.000 millones de euros, para poner en marcha medidas para proteger y apoyar a familias, trabajadores, autónomos y empresas.
Van orientadas a un triple objetivo: reforzar la protección de las familias y colectivos más vulnerables y de los trabajadores, apoyar la continuidad de la actividad productiva y el mantenimiento del empleo y, en tercer lugar, reforzar la lucha contra la enfermedad.
Se destinan 600 millones de euros a la financiación de prestaciones básicas de los correspondientes servicios sociales de las Comunidades Autónomas y entes locales, con especial atención a la asistencia domiciliaria a personas mayores y dependientes.
También se garantiza el derecho a la vivienda de las personas con más dificultades. Para ello, se establece una moratoria en el pago de las cuotas de las hipotecas para los deudores hipotecarios en situación de especial vulnerabilidad que vean reducirse sus ingresos. La finalidad es que ninguna persona, en una situación económica difícil, pierda su vivienda.
Protección del empleo
En este Real Decreto también se recogen medidas para reforzar la protección al empleo, con el objetivo de evitar que esta crisis temporal tenga un impacto negativo permanente sobre el mercado de trabajo.
Para ello el Gobierno ha acordado que los trabajadores asalariados puedan adaptar o reducir su jornada de trabajo, incluso hasta un 100 por cien, para hacer frente a las necesidades de conciliación y cuidado derivadas de esta crisis.
Asimismo, se establece el teletrabajo como medida de flexibilidad principal, cuando las circunstancias lo permitan, se promueve los ajustes temporales de plantilla a través de los ERTES, con derecho al desempleo para los trabajadores y exoneración de cuotas para el empresario.
Igualmente, se impulsan medidas para asegurar la liquidez de las empresas para que puedan mantenerse operativas y evitar un problema de solvencia. Por ello, se ha aprobado la creación de una línea de avales y garantías públicas por un valor de hasta 100.000 millones de euros. Esto va a permitir movilizar entre 150.000 y 200.000 millones de euros. El Estado será el garante de las operaciones.
Suspensión contratos públicos
Además, se aprueban líneas de avales adicionales de 2.000 millones de euros para las empresas exportadoras con mecanismos ágiles, favoreciendo especialmente a las pequeñas y medianas empresas.
Al tiempo, se establece un régimen específico de suspensión de contratos públicos, con ampliación de plazos y compensación de salarios, con el fin de evitar la resolución de los contratos y la pérdida de empleo.
Por último, y en consonancia con el esfuerzo que se está realizando también en otros países del entorno, el Gobierno también está comprometido con el refuerzo de la investigación científica para el desarrollo de una vacuna o una cura para el Covid-19. Por este motivo se van a dedicar 30 millones a la partida de investigación. Este dinero irá dedicado a dotar al Consejo Superior de Investigaciones Científicas y al Instituto de Salud Carlos III de los recursos precisos para hacer frente a esta emergencia sanitaria.
