El vicepresidente de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha asegurado que el Pacto contra la Despoblación y la comisión de estudio de las Cortes regionales sobre este fenómeno “no son incompatibles”, y ha abogado por cambiar el sistema de financiación para cubrir el coste de los servicios.
Durante su intervención este jueves en el pleno del Parlamento autonómico, en el debate relativo a las medidas necesarias para paliar la despoblación, Martínez Guijarro ha afirmado que la acción del Ejecutivo autonómico en este sentido comenzó en 2015, cuando Emiliano García-Page tomó posesión como presidente.
Desde entonces, ha remarcado que, entre otras medidas, se han reabierto escuelas rurales, comedores escolares o centros de urgencia y se ha puesto en marcha la Inversión Territorial Integrada (ITI), una estrategia “absolutamente novedosa en toda la Unión Europea”, ha aseverado, con discriminación positiva a municipios en zonas despobladas.
El vicepresidente del Ejecutivo autonómico ha recordado que hace una semana que se firmó en Brihuega (Guadalajara) el Pacto contra la Despoblación, y que es uno de los puntos que contempla el Pacto por la Convergencia y el Crecimiento Económico de Castilla-La Mancha suscrito entre el Gobierno regional y los sindicatos y empresarios.
“Hemos cumplido esa parte del acuerdo”, ha incidido Martínez Guijarro, quien ha añadido que esto “no es incompatible” con las comparecencias que están teniendo lugar en la comisión de estudio de las Cortes para abordar este fenómeno.
Asimismo, ha hecho hincapié en la necesidad de contar con una nueva financiación autonómica y ha advertido de que “si no cambia el sistema y se financia el coste de los servicios, tendremos menos posibilidades de obtener éxito en la lucha contra el despoblamiento”.
Martínez Guijarro ha pedido a los grupos parlamentarios “un esfuerzo en favor del medio rural”, que se traduzca en destacar los aspectos positivos de vivir en este ámbito y ha apostado por abordar este asunto “con altura de miras”, es decir, “como un tema de Estado” y por buscar un acuerdo para implementar medidas a desarrollar por las distintas administraciones y mantenerlas en el tiempo.
“Los años oscuros”
Por su parte, la diputada socialista María Jesús Merino ha criticado los “años oscuros” del PP en la región, y ha afirmado que el inicio de la despoblación tiene “un nombre claro: María Dolores de Cospedal“, a la vez que ha asegurado que desde que gobierna el PSOE se toman medidas para frenar la pérdida de habitantes.
Sin embargo, el parlamentario del PP Benjamín Prieto ha aseverado que el Pacto contra la Despoblación no es un acuerdo, sino “una imposición”, y se ha preguntado “qué motivos había para firmarlo”, cuando las Cortes ya están trabajando en este asunto, al tiempo que ha incidido en la necesidad de aprovechar las oportunidades que ofrece el medio rural haciéndolo “atractivo”.
También la portavoz de Cs, Carmen Picazo, ha destacado el trabajo que está realizando la comisión y las aportaciones que están haciendo las personas que comparecen, aunque ha subrayado que “la premisa fundamental es dotar de presupuesto a estas medidas”.
Los tres grupos parlamentarios han presentado sus propuestas de resolución, en la que Cs ha pedido instar al Gobierno de España a impulsar un pacto nacional contra la despoblación y al Consejo de Gobierno de Castilla-La Mancha a que realice un estudio pormenorizado sobre la situación en la región, así como a dotar, en el siguiente ejercicio presupuestario, de partidas suficientes para luchar contra este fenómeno.
A su vez, el PP ha propuesto instar a la Junta a ampliar medidas fiscales especiales para los habitantes de zonas rurales y medidas especiales en la cotización a la Seguridad Social, además de invertir en infraestructuras y favorecer que el personal al servicio de la Administración fije su residencia en estas zonas.
Y el PSOE ha planteado que las Cortes regionales se adhieran al Pacto contra la Despoblación de Castilla-La Mancha, así como instar al Gobierno regional a incorporar las conclusiones de la comisión de estudio a la Estrategia del Reto Demográfico y a trasladar al Ejecutivo central estos acuerdos para tenerlos en cuenta en la estrategia nacional.
