Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado por unanimidad, en el pleno celebrado este jueves, una Proposición No de Ley en la que piden al Gobierno regional modificar el derecho que regula el uso de desfibriladores para establecer, antes de 2022, un plan para la instalación de estos objetos.
La PNL, que se ha presentado de forma conjunta entre los tres grupos parlamentarios -PSOE, PP y Cs-, ha tenido como punto de partida la proposición no de ley presentada por la formación naranja en este sentido.
A raíz del texto original, los tres grupos parlamentarios han decidido instar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a modificar el decreto 4/2018, por el que se regula el uso de desfibriladores externos automatizados por personal no sanitario a fin de establecer, antes de 2022, un plan de instalación de desfibriladores automáticos en colaboración con distintas administraciones, en determinados espacios de uso público externos al ámbito sanitario.
Grandes establecimientos
Se trata de grandes establecimientos comerciales o espacios de exposición de más de 2.500 metros cuadrados; los aeropuertos; estación de autobuses y ferrocarril en más poblaciones de más de 50.000 habitantes; establecimientos públicos con un aforo igual o superior a 2.000 personas y los ayuntamientos de todos los municipios de Castilla-La Mancha, entre otros espacios.
Tanto el diputado del PSOE José Antonio Contreras, como el parlamentario popular Benjamín Prieto y la diputada de Cs Úrsula López han coincidido en la importancia de contar con desfibriladores en espacios públicos concurridos, ya que su uso puede salvar vidas, y también han pedido mejorar la formación entre los profesionales no sanitarios y divulgar la importancia de llamar al 112 ante un caso de parada cardiorrespiratoria, entre la ciudadanía en general.
