El Gobierno de Castilla-La Mancha abordará en la presente legislatura la elaboración de una Ley contra el Despoblamiento que permita luchar contra la pérdida demográfica que sufren numerosas zonas de nuestra región.
El texto debe garantizar la prestación de los servicios básicos para la población que reside en estos núcleos relacionados con la sanidad, la educación o los servicios sociales, servicios bancarios y financieros o garantizar la plena conectividad territorial.
Así lo ha explicado hoy el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante su comparecencia en la Comisión de Asuntos Generales de las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que ha avanzado que la lucha contra el despoblamiento y los efectos del envejecimiento demográfico con la creación del Comisionado para el Reto Demográfico.
A juicio de Martínez Guijarro, afrontar el reto demográfico “es, ante todo, una cuestión de igualdad de oportunidades, no discriminación y libertad para elegir”, por lo que el Ejecutivo autonómico buscará un Pacto regional contra la despoblación que culmine en la elaboración de una Estrategia frente al Reto Demográfico en Castilla-La Mancha “de naturaleza global y trasversal”.
Cuatro años de lucha
El vicepresidente ha recordado que la lucha contra la despoblación comenzó durante la pasada legislatura con la reapertura de escuelas rurales, el refuerzo en la atención sanitaria, o la aprobación de la Inversión Territorial Integrada (ITI), que ha movilizado recursos de los fondos estructurales dando prioridad a las iniciativas de desarrollo en las áreas más deprimidas a través de casi un centenar de líneas de ayuda con criterios de discriminación positiva por importe superior a los 678 millones de euros.
Además, el Ejecutivo autonómico incorporará el impacto y la perspectiva demográfica en la elaboración de leyes, planes y programas de inversión, favoreciendo la redistribución territorial en favor de una mayor cohesión social.
Al mismo tiempo, el Gobierno de Castilla-La Mancha insistirá en su planteamiento al nuevo Gobierno de España sobre la “necesidad urgente” de reformar del actual modelo de financiación autonómica, para que se incluya el coste de la prestación de los servicios que permita corregir el desequilibrio de suficiencia por la dispersión de la población, la despoblación y el envejecimiento de la misma, cumpliendo los principios de solidaridad y suficiencia financiera, y para lo que ha apelado al compromiso del resto de grupos políticos de las Cortes regionales.
