La reunión de Consejo de Gobierno de hoy ha aprobado la convocatoria de subvenciones para la realización de acciones de formación con compromiso de contratación dirigidas a personas desempleadas. Serán 3,6 millones de euros los que se destinarán en 2017 a la formación de más de 1.300 personas desempleadas en centros de formación homologados por la Junta, públicos y privados, con y sin ánimo de lucro, en las dos modalidades existentes: cursos con compromiso de contratación no inferior al 60 por ciento del alumnado que finalice las mismas y cursos con compromiso de inserción de entre el 30 por ciento y el 60 por ciento. Para concurrir a estas ayudas, los centros han de haber pactado una posibilidad de inserción laboral tras la finalización de las acciones con una empresa.
Además, se incluyen becas y ayudas de transporte; ayudas a la conciliación de la formación con la vida familiar, la manutención y el alojamiento de las personas que participen en las acciones formativas citadas; así como la compensación económica a empresas por la realización del alumnado de prácticas profesionales no laborales en sus instalaciones.
Concurrencia competitiva
Así lo ha indicado la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco que ha apuntado, además, que estas subvenciones se llevarán a cabo mediante el procedimiento de concurrencia competitiva para la adjudicación de las acciones de formación, y por concesión directa para las becas y demás ayudas relacionadas con ellas.
Esta formación se dirige a personas en situación de desempleo, si bien para garantizar el acceso a la formación de las personas que tienen más dificultades para acceder y mantenerse en el mercado de trabajo, tendrán prioridad para participar las mujeres, con independencia de su situación laboral; los mayores de 45 años; las personas con discapacidad; las víctimas del terrorismo y las mujeres víctimas de la violencia de género. También los desempleados de larga duración; los trabajadores poco cualificados; los jóvenes, especialmente los que han abandonado de forma temprana el sistema educativo; y las personas en riesgo de exclusión social.
Del mismo modo, se actuará con los desempleados procedentes de sectores en crisis o en reconversión, de pequeñas y medianas empresas y con baja cualificación.