La consejera de Fomento, Elena de la Cruz, la directora del Instituto de la Mujer, Araceli Martínez, y el presidente de la empresa pública Gicaman, Javier Barrado, han suscrito un convenio mediante el cual se renuevan y amplían los términos legales necesarios para proporcionar vivienda a mujeres víctimas de violencia de género de la región que necesiten un hogar temporal.
El convenio firmado hoy amplía a todo el parque que depende de Gicaman la demanda de vivienda que pueda presentar circunstancialmente el Instituto de la Mujer. Hasta ahora, el colectivo de víctimas estaba utilizando cinco de los pisos de la empresa pública.
El alquiler de las casas que se requieran para este fin ha sido fijado en 1.000 euros anuales más IVA y será abonado por el propio Instituto. Según ha explicado Araceli Martínez, la utilización de este recurso por parte de sus potenciales usuarias está inicialmente prevista para un año, periodo ampliable si las circunstancias lo requieren.
Será la víctima la que elija si continúa habitando en ella tras un proceso de recuperación en el que el Instituto habría trabajado durante los meses anteriores a la toma de esa decisión.
Por la igualdad
Para Elena de la Cruz, este acuerdo plasma el interés del Gobierno de Castilla-La Mancha por “hacer políticas de igualdad” y la voluntad del presidente Emiliano García-Page “de impulsarlas, de trabajar por la igualdad real” y “por aquellas mujeres que en un estado de vulnerabilidad necesitan un recurso tan importante y vital como es una vivienda digna en unas condiciones económicas que le permitan salir adelante, huir de su maltratador y rehacer su vida en unas condiciones vitales razonables”.
