El Tribunal Superior de Justicia de la región ha anulado, cuatro años y cuatro meses después, la prohibición por parte del Ayuntamiento de Fuensalida de un acto contra los recortes de Cospedal que había convocado la Plataforma en Defensa de la Educación Pública. El consistorio fuensalidano tendrá además que pagar hasta mil euros, en concepto de costas, a la asesoría jurídica de CCOO.
El 11 de octubre de 2013, la policía local de Fuensalida, cuyo teniente de alcalde era el entonces viceconsejero de Educación del Gobierno de Cospedal, José Jaime Alonso, denunció a los 6 miembros de la plataforma que estaban realizando la recogida de firmas en favor de la educación pública, aunque estos habían solicitado los correspondientes permisos municipales.
“Para mayor vergüenza y oprobio del ahora diputado en el Congreso por el PP, la sentencia coincide con una campaña de su partido, que lleva unas semanas instalando por doquier mesas petitorias para recoger firmas; mesas que, como es normal, ninguna policía local de ningún sitio ha prohibido ni multado”, sostienen desde el sindicato.
Sin embargo, el Ayuntamiento de Fuensalida sí lo hizo hace cuatro años, argumentando que la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública debía haber tramitado su solicitud “ante la autoridad gubernativa”.
El TSJ se asombra de que los munícipes fuensalidanos ‘confundieran’ la instalación en una acera de una mesa para recoger firmas con la convocatoria de una reunión o de una manifestación; el tribunal no se explica cómo pudieron pensar los ediles del PP que “la colocación de dos mesas con un máximo de cuatro sillas” fuera a dar lugar a “una aglomeración concertada de personas que llegase a los límites previstos en la Ley Orgánica 9/83” -que regula el derecho de Reunión.
Ridiculiza la actuación
“De lo que se trataba era de coartar cualquier expresión de rechazo a los recortes en la Escuela Pública del Gobierno Cospedal, y directamente del señor Alonso, entonces viceconsejero encargado de ejecutarlos”, denuncia Eva Garrido, Secretaria Regional de Política Educativa de la federación de enseñanza de CCOO de Castilla-La Mancha.
“La sentencia ridiculiza la actuación del consistorio fuensalidano, al que condena a pagar las costas judiciales causadas en primera instancia y al que recuerda que ‘una cuestación efectuada mediante la instalación de mesas petitorias en la vía pública no es, en sí misma considerada, una reunión’. El ayuntamiento debió limitarse a aplicar ‘la legalidad ordinaria sobre licencias para la ocupación temporal de vía pública’, es decir, las ordenanzas municipales, tal y como había solicitado la Plataforma en tiempo y forma.”
La sentencia del TSJ “es un nuevo varapalo judicial a la cúpula de la consejería de Educación de Cospedal”, subraya Garrido, que destaca “la impecable actuación de la asesoría jurídica de CCOO.”
