El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Extinción de Cámaras Agrarias Provinciales de Castilla-La Mancha y su remisión a las Cortes regionales para su tramitación parlamentaria, decisión de la que ha informado la consejera de Igualdad y portavoz, Blanca Fernández.
El objetivo principal de esta norma, que se ha elaborado desde el diálogo y la colaboración con las organizaciones profesionales agrarias, es regular el procedimiento para el cambio de uso de los recursos y del patrimonio de las cámaras provinciales que será gestionado por la Junta de Comunidades.
Este patrimonio consiste, por un lado, en 3.526 parcelas rústicas que suman unas 5.600 hectáreas y que “serán el germen del futuro Banco de Tierras Público de Castilla-La Mancha para facilitar la incorporación de personas jóvenes al campo, especialmente la de aquellas que no tienen terrenos o parcelas en propiedad”, ha explicado la consejera de Igualdad y portavoz del Gobierno regional.
Además, dicho patrimonio consta de cerca de 400 inmuebles o solares que podrán ser cedidos en uso o propiedad a las organizaciones profesionales agrarias o los ayuntamientos siempre que lo destinen a usos relacionados con la agricultura o la ganadería.
Los activos para inversiones
En cuanto a los activos dinerarios que ascienden a 1,8 millones de euros, Blanca Fernández ha explicado que se destinarán a inversiones en infraestructuras rurales en las provincias en las que se ha generado, fundamentalmente en caminos rurales.
La Ley también dejará sin efectos la tutela administrativa de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario que, tal como ha explicado la consejera, impedía que en algunos pueblos de colonización se pudieran heredar determinados bienes porque se habían recibido a veces en propiedad y en otras ocasiones en cesión de uso, lo que ha impedido a lo largo del tiempo escriturar esa propiedad como heredada.
“Esta Ley viene a eliminar esas tutelas de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, de manera que los huertos familiares podrán transmitirse de generación en generación y también otro tipo de bienes, que se crearon en su día para una serie de usos, podrán ser utilizadas para otros que responden a las necesidades actuales”, ha afirmado Blanca Fernández.
Esta medida afecta especialmente a la zona de Talavera de la Reina, Alberche del Caudillo y Talavera la Nueva, y es una reclamación que muchas familias vienen haciendo históricamente.
