viernes, 29 marzo 2024
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La Junta regulará las empresas de restauración e intermediación turística

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha informado de la aprobación de dos decretos, en materia turística, con el objetivo de actualizar la normativa del sector para dar una mayor garantía tanto a las empresas que viven de la actividad turística como a los consumidores.

Uno de los decretos, ha señalado, pretende la ordenación de las empresas de la restauración de la región, tal y como establecía la Ley de Turismo de Castilla-La Mancha de 1999 que sin embargo no se ha llevado a cabo pese al paso de los años y que no supone coste alguno.

Se trata, ha aseverado Franco, de actualizar la regulación, ordenación y clasificación de las empresas de restauración en seis categorías: restaurantes, cafeterías, bares, establecimientos de ocio, diversión y baile; empresas de cáterin, y espacios para eventos; lo cual afecta a más de 15.000 empresas en la comunidad autónoma (hay registrados más de 11.400 bares, más de 500 cafeterías y más de 3.000 restaurantes).

Estas empresas tendrán un plazo de dos años a partir de la publicación del decreto para, mediante declaración responsable, comunicar en qué categoría se clasifican y, una vez hecho, recibirán una placa distintiva para cada local con la nueva imagen de la región (el yelmo del Quijote).

En cuanto al segundo decreto en materia turística, Franco ha subrayado que regula a las empresas de intermediación turística y deroga el decreto de 2007 porque este sector también ha evolucionado hacia nuevas fórmulas sobre todo por el uso de la digitalización o cambios en los consumidores.

La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco.

Directiva europea

En este punto, ha resaltado que el nuevo decreto da cumplimiento a la directiva europea de 2015 que establece un régimen de garantías para los consumidores de la actividad de este tipo de empresas, y que está dirigido a las más de 420 agencias de viajes así como a las centrales de reserva, operadores turísticos y otras empresas de estas características.

En concreto, en el caso de las agencias de viajes cambia la clasificación y ahora tendrán que enmarcarse en una de las tres tipologías recogidas en el decreto -organizadoras (viajes combinados), minoristas (de un organizador) u organizadoras minoristas (ambas actividades de manera simultánea)-.

La normativa europea, ha añadido Franco, establece la necesidad de constituir una garantía por parte de las agencias de viajes para responder frente a una posible insolvencia, que podrán hacer de manera individual, por seguro o aval bancario por importe mínimo de 100.000 euros; colectiva, por seguro o aval bancario o fondo solidario de garantía nunca inferior a 2,5 millones; o por garantía de cada viaje combinado con seguro particular.

Las empresas de intermediación turística de la región contarán con un plazo de seis meses a partir de la publicación del decreto para establecer la garantía que elijan.

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