La futura Ley de medidas económicas, sociales y tributarias frente a la despoblación y para el desarrollo del medio rural de Castilla-La Mancha llegará a las Cortes regionales en el mes de abril, después de obtener el visto bueno del Consejo de Gobierno en el mes de febrero para su remisión al Consejo Consultivo.
Estas son las previsiones que maneja el Ejecutivo autonómico con respecto a la futura norma según ha expuesto este jueves el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante su intervención en el pleno del Parlamento con motivo del debate sobre el dictamen emitido por la Comisión no permanente de estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha.
Martínez Guijarro ha señalado que el objetivo de esta normativa será garantizar la prestación de servicios públicos en el medio de rural, además de plantear respuestas a problemas estructurales que tienen los pueblos como el acceso a nuevas redes de telecomunicaciones, la vivienda y el transporte público.
Por tanto, ha indicado que contendrá “medidas de discriminación positiva” que favorezcan la generación de actividad económica y empleo con la finalidad de que la gente pueda quedarse a vivir en los pueblos.
Asimismo, ha subrayado que el Gobierno regional ha seguido muy de cerca el devenir de la comisión parlamentaria y ha asegurado que gran parte de las medidas que contiene el documento de dicha comisión están incorporadas en el borrador del anteproyecto de Ley, y de hecho el 90 por ciento de las conclusiones están recogidas en el texto y el resto serán incluidas en la Estrategia regional frente a la despoblación, en la que trabajan de forma paralela.
Esta estrategia, ha explicado, será la herramienta para aplicar y desarrollar la futura Ley, e iniciará su tramitación una vez que la norma sea remitida al Consejo Consultivo, con la intención de que las medidas contempladas en esta estrategia tengan un recorrido “a largo plazo” y “más allá de los avatares electorales”.
Por otro lado, el vicepresidente regional también ha señalado que el Gobierno autonómico ha realizado una serie de acciones para la inclusión del problema de la despoblación en las agendas políticas nacional y europea, además de la puesta en marcha de la estrategia de Inversión Territorial Integrada (ITI) a través de la que se han llevado a cabo 154 convocatorias para poner a disposición de las zonas despobladas 930 millones de euros, a los que se suman los 117 millones de las nueve convocatorias de Expresiones de Interés.
Los grupos parlamentarios
Por parte de los grupos parlamentarios, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Carmen Picazo, ha abogado por la unidad para trabajar en contra de la despoblación porque “todos tenemos un compromiso compartido y las herramientas institucionales para tomar medidas”.
Picazo ha considerado que ha sido la formación naranja la que ha “abierto el melón” de esta problemática en las Cortes regionales, al tiempo que ha reprochado a “los viejos partidos” que hayan “dado la espalda” durante años a este fenómeno.
De su lado, el diputado regional del PP Benjamín Prieto ha apostado también por el consenso para que el documento elaborado en la comisión se convierta en “acciones concretas” que luchen por aprovechar las oportunidades del territorio.
Prieto ha afeado al Ejecutivo autonómico que hasta el momento haya trabajado en este asunto “por libre”, con la firma del Pacto contra la despoblación y el borrador de la futura Ley.
Y el parlamentario socialista Francisco Pérez Torrecilla, por su parte, ha defendido el “buen documento” que ha salido de la comisión de las Cortes porque recoge un conjunto de propuestas, algunas transversales y otras en relación a los ámbitos económico, social y territorial, que a su juicio son necesarias para la conexión del territorio.
No obstante, ha incidido en que la lucha contra la despoblación es “un combate a medio y largo plazo” y ha agregado que la clave está en “no perder el tiempo y empezar a ejecutar las medidas”.
El documento que se somete a debate y votación del pleno de las Cortes es fruto de 13 sesiones celebradas en la comisión y la participación de 47 ponentes.
Las principales conclusiones pasan por que la revisión del modelo de financiación autonómica y local debe incluir criterios en los que se tenga en cuenta el coste real de los servicios prestados; incentivos fiscales del conjunto de las administraciones públicas, la utilización de los fondos estructurales y de inversión europeos y de los fondos ‘Next Generation’, la integración de la perspectiva de género en todas las actuaciones y la simplificación normativa y administrativa para erradicar frenos al desarrollo de proyectos.
Además, el dictamen de la comisión también propone incorporar el impacto demográfico en la elaboración de las leyes y reglamentos, la colaboración público-privada, el diseño de una estrategia estatal y regional contra la despoblación, la definición de las zonas rurales de prioridad demográfica, y la incorporación de criterios de discriminación positiva y medidas de apoyo específico en las zonas rurales afectadas por la despoblación.
