El Gobierno de Castilla-La Mancha ha resuelto la convocatoria extraordinaria de 5,5 millones de euros de ayuda para los Grupos de Desarrollo Rural englobados en la Red Castellano Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), un respaldo extraordinario para que puedan hacer frente a las dificultades que está provocando la crisis sanitaria.
Este fondo específico, dentro del Programa de Desarrollo Rural, parte de un compromiso del Gobierno regional, a través del propio consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, con los grupos desde el inicio de la programación, para hacer frente a diferentes situaciones que afectaran a las zonas con más problemas de despoblación.
Y ahora, ha dicho, es necesario utilizarlo. Esta asignación va a servir, ha explicado Martínez Arroyo, para el desarrollo de actuaciones públicas y privadas en los municipios más pequeños de Castilla-La Mancha durante 2021 y 2022, con las miras puestas en que “nadie se quede atrás en esta crisis” provocada por el Covid-19, frente a la situación de dificultad.
Efectos de la pandemia
Se trata de combatir los efectos de esta pandemia en el medio rural y entre los criterios para asignar las cantidades, se ha priorizado a las zonas más despobladas.
De esta forma, la asignación se ha realizado conforme al criterio poblacional, para el importe base, uno extra por limitaciones naturales y un importe adicional calculado en función de la dificultad existente ante la despoblación. Así, se van a beneficiar los pequeños municipios de todas las provincias, recibiendo, los más despoblados, una mayor asignación.
Esta resolución llega semanas después del encuentro del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, junto con el consejero, mantenida en Brihuega con el presidente y los cuatro vicepresidentes de Recamder, donde se abordaron cuestiones relacionadas con el desarrollo rural en la región y las actuaciones a llevar a cabo, para entre otros aspectos, seguir luchando contra el despoblamiento, para lo que se trabaja decididamente en una normativa para frenar esta situación en una región donde el 90 por ciento de su población vive en el medio rural.
