viernes, 19 abril 2024
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Toledo tendrá nuevos Juzgados de lo Social y Primera Instancia e Instrucción

Así consta en la propuesta remitida por el Ministerio de Justicia al Consejo General del Poder Judicial

Juzgados de Toledo.
Juzgados de Toledo.

El Ministerio de Justicia ha remitido este jueves al Consejo General del Poder Judicial la propuesta de creación de tres nuevas unidades judiciales en la Comunidad autónoma de Castilla-La Mancha, con el objetivo de evitar que se saturen los juzgados debido al “extenso periodo de ralentización estructural de la Administración de Justicia” durante la pandemia.

Con esta medida, en menos de un mes Justicia da cumplimiento a la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al Covid-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, con el objetivo de que algunas de estas unidades de nueva creación entren en funcionamiento a finales de este año.

Las nuevas unidades judiciales son: el Juzgado de lo Social número 4 de Toledo, el Juzgado de lo Social número 2 de Cuenca y el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 9 de Toledo.

La ralentización sufrida en la Administración de Justicia como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19, exigía un impulso efectivo que permita dar una salida ágil al volumen de procedimientos suspendidos y acumulados desde que se decretó el estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo.

Ministro de Justicia

El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, anunció en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros del pasado 7 de julio la aprobación de un ambicioso Plan de actuación, con medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al Covid-19 y aliviar la acumulación de litigios derivada de la crisis sanitaria.

Este Plan se despliega en dos fases y afectará a un total de 315 juzgados, principalmente a los órdenes de lo social, mercantil y contencioso-administrativo.

Permitirá adecuar la plantilla judicial a las necesidades derivadas de la crisis Covid-19, en un plazo de 3 años (un tercio de las plazas se crearán en el primer año), atendiendo siempre a las necesidades en cuanto a volumen de carga de trabajo habitual, el aumento debido a la ralentización durante la pandemia y a una mejor optimización de los recursos personales y materiales disponibles.

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