El Consejo de Gobierno ha autorizado a los Servicios Jurídicos de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a impugnar la orden por la que se autorizó, el pasado mes de febrero, un trasvase de 16,2 hectómetros cúbicos desde los embalses de Entrepeñas y Buendía a través del acueducto Tajo-Segura.
Así lo ha dado a conocer hoy la consejera de Igualdad y portavoz regional, Blanca Fernández, durante la rueda de prensa para informar de los acuerdos adoptados por el Consejo de Gobierno esta semana.
En este sentido, la portavoz ha resaltado que con éste “son ya 36 los recursos interpuestos por la administración autonómica contra estos trasvases que son exclusivamente para regadío”, aunque en un principio se anunció que de esos 16,2 hm3, 7,5 se destinarían para consumo humano.
La consejera ha hecho énfasis en esta cuestión porque ha habido tres trasvases que se produjeron en el mes de noviembre de 2018 y en noviembre y diciembre del 2019 “que fueron trasvases única y exclusivamente para abastecimiento humano que no hemos recurrido porque Castilla-la Mancha es una tierra solidaria, justa y razonable y se entiende que es razonable que se derive agua cuando hace falta para beber”.
Arbitrario por incumplir lo caudales ecológicos
El recurso, según ha señalado, Blanca Fernández, “está muy bien fundado porque consideramos que hubo poca transparencia en los datos que sirven de base a la toma de decisiones” para llevar a cabo esta derivación, en clara alusión a la propuesta de la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura.
En concreto, ha hecho referencia a que “se aprecian errores e imprecisiones sustanciales que suponen el incumplimiento de la legislación vigente habida cuenta de que, desde marzo de 2019, cuando se pronuncia el Tribunal Supremo dejando claro que hay que dejar caudales ecológicos para el río Tajo, en este trasvase no se tuvieron en cuenta esos caudales ecológicos, no se respetaron y por tanto entendemos que tenemos posibilidades de que el recurso salga adelante”, ha puntualizado.
De este modo, “desde el Gobierno del presidente García-Page continuamos firmes en la defensa de los intereses hídricos de Castilla-La Mancha ya que se trata de una decisión lesiva para nuestros ciudadanos, en general, y para los habitantes de la ribera de un río que lamentablemente a partir de Aranjuez es un río mutilado, un río nutrido esencialmente por aguas residuales de Madrid. Lo que no se puede comprender en un contexto en el que el Gobierno de España y cada vez más sectores de la población y del mundo político hablamos de economía circular, sostenibilidad, transición ecológica y economía verde”, ha sentenciado Fernández.
La portavoz regional también ha calificado de “arbitraria” la decisión de este trasvase “por su imprecisión, ya que se afirma que la cuenca del Segura está en situación de prealerta por escasez coyuntural, cuando en realidad lo que ocurre es que está en clara situación de normalidad, lo que ocurre que el Levante tiene una demanda de agua infinita, pero que se puede resolver también, por eso volvemos a interpelar al Gobierno de España, Murcia y Alicante para que apuesten por la desalación como una solución más sostenible que mantener en el tiempo un trasvase franquista”.
Blanca Fernández ha explicado que las necesidades de la cabecera del Tajo las cifra el Gobierno en 800 hectómetros cúbicos “para cubrir las necesidades y los usos de esta Cuenca al mismo tiempo que se podría mantener el caudal ecológico necesario para la salud del río Tajo y para su biodiversidad”.
En conclusión, ha apostillado, “se trata de un recurso que está muy bien fundado a un trasvase absolutamente injusto que no aplica la sentencia del Tribunal Supremo que es de obligado cumplimiento y no contempla los caudales del río Tajo que se merece que sigamos defendiéndolo”.
