El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha presentado la proposición de ley de Simplificación Urbanística y Medidas Administrativas (SUMA), una norma “estratégica” con la que se persigue fomentar el crecimiento económico de la región a través de un nuevo modelo urbanístico más ágil y sostenible.
Así lo ha destacado García-Page este lunes, durante el acto de presentación de esta proposición de ley en el Palacio de Fuensalida, en Toledo, donde ha asegurado que será una de las normas imitadas en el conjunto del país.
Esta ley es fruto del Pacto para la Reconstrucción de la región, firmado el pasado mes de junio entre el Gobierno regional y los grupos parlamentarios de PSOE y Ciudadanos (Cs), cuya colaboración ha valorado el presidente del Ejecutivo autonómico.
García-Page ha resaltado que la oposición de verdad es “la que critica, pero dialoga y colabora”, y ha resaltado la “valentía” del partido naranja para llegar a acuerdos en Castilla-La Mancha.
“Valoro que haya actitud de sumar, desde una posición crítica”, ha afirmado el presidente regional, a la vez que ha criticado que haya personas en la región que solo se dediquen “a restar, horadar, perforar y desgastar”.
En la misma línea, el consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha puesto de relevancia que ésta es una norma “que pretende sumar, en un momento donde más falta nos hace”, a la vez que ha subrayado que persigue “sentar las bases del crecimiento y eliminar cortapisas” y que se ha hecho “desde el consenso, la colaboración y el entendimiento”.
Hernando ha explicado que la norma contempla distintas medidas encaminadas a lograr “tres grandes objetivos”: dinamizar la economía a través de una simplificación y agilización de trámites, reactivar solares paralizados y conseguir una mayor oferta de viviendas asequibles para el conjunto de la población y abordar el reto demográfico, potenciando el desarrollo de pequeños municipios.
En el primer bloque, prevé potenciar la comunicación previa y la declaración responsable; de esta manera, se amplía su ámbito de aplicación a nuevos escenarios y contempla que el promotor de las actuaciones como obras menores, primeras ocupaciones e instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo pueda iniciarlas a partir del día siguiente que se le comunique por parte de la Administración.
En lo que respecta al nuevo régimen de autorización provisional, podrán autorizarse en suelo rústico, urbanizable y urbano no consolidado sujeto a actuación urbanizadora, mediante licencia urbanística y previo informe favorable de las comisiones de Ordenación del Territorio y Urbanismo, usos u obras justificadas de carácter provisional y desmontables.
Innovar
También plantea la posibilidad de innovar en los programas de actuación urbanizadora y flexibiliza el régimen de las zonas verdes en polígonos industriales, con el fin de evitar parques alejados de la población.
Igualmente, modifica la regulación de las reservas de suelo dotacional de los planes de delimitación de suelo urbano.
En el segundo apartado, prevé reconvertir suelos o promociones que iban a ser destinadas a vivienda protegida para hacer vivienda libre más asequible, siempre que no haya demanda de la primera.
Asimismo, establece la posibilidad de eximirse de la obligación de reserva para construcción de vivienda protegida a los municipios de más de 50.000 habitantes que en tres de los últimos cuatro años presenten disminución de su población o cuando hayan perdido población, según el dato acumulado de los últimos seis años.
Para los municipios con más de 5.000 habitantes y menos de 50.000, la reserva responderá a la demanda del registro, y para los municipios de menos de 5.000 habitantes no será obligatorio realizar esta reserva de suelo.
Además, para abordar el reto demográfico y potenciar el desarrollo de pequeñas localidades se toman medidas para simplificar el urbanismo en el medio rural, con el fin de que, ante posibles inversiones, las administraciones sean más ágiles.
Entre ellas, se habilita a los colegios profesionales, junto con las diputaciones provinciales, a realizar los informes preceptivos para otorgar licencias urbanísticas, dando apoyo a los ayuntamientos.
A su vez, la Junta de Comunidades podrá colaborar en la redacción de instrumentos de planeamiento general que corresponden a los municipios.
Por último, modifica la fiscalidad existente, de modo que permite que los pequeños municipios ofrezcan una menor fiscalidad a proyectos inversores y que los ingresos generados en los grandes proyectos urbanísticos de las zonas urbanas se puedan destinar a inversiones y programas de lucha contra la despoblación.
