El consejero de Fomento de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha propuesto este lunes la creación de una fiscalía ‘antiokupación’, que esté dotada con suficientes recursos materiales y humanos, para combatir la ocupación ilegal de viviendas.
Hernando ha formulado esta propuesta durante su intervención en el pleno de las Cortes regionales, en el marco del debate general sobre la situación de la ocupación ilegal de viviendas en Castilla-La Mancha, que ha presentado el grupo parlamentario de Ciudadanos.
El titular de Fomento, con competencias en materia de vivienda, ha lanzado un mensaje para lograr “unidad política” y “tolerancia cero” a la ocupación ilegal en la región, una práctica que ha definido como un “acto violento”, que según ha subrayado va a encontrarse “con la más absoluta oposición por parte de las administraciones públicas”.
“Ellos están organizados y unidos en una actividad criminal”, ha comentado Hernando sobre los ‘okupas’, por lo que ha apostado por “actuar de manera coordinada” e implementar una serie de actuaciones que ha considerado imprescindibles.
Actuaciones como cambios legislativos en el ámbito estatal que articulen mecanismos legales ágiles que permitan la defensa de los derechos de los titulares legítimos de las viviendas, como por ejemplo denegar las inscripciones en el padrón municipal a quienes ocupan ilegalmente una vivienda.
Las denuncias
De igual forma, ha abogado por que no sean solo los propietarios las personas legitimadas para interponer denuncias y que los costes de las mismas se subroguen “al gran tenedor que no denuncia”, de manera que las comunidades de propietarios e inquilinos de las viviendas puedan también interponer la denuncia.
Además, ha defendido la necesidad de que se aumente “en muchos más años” la prescripción de la usurpación y “endurecer las penas” para infractores, sobre todo a los que sumen otros delitos como trata de seres humanos o pertenencia a organización criminal, así como legitimar a la Policía Nacional, a la Guardia Civil y a la Policía Local para intervenir en la vivienda ocupada, desalojarla y devolver el inmueble a su legítimo propietario.
Hernando ha remarcado que así ocurre ya en Baleares, con una instrucción de la Fiscalía, y se ha preguntado por qué no puede extenderse al resto del territorio español con la unificación de criterios y coordinación, al tiempo que ha planteado la puesta en marcha de una fiscalía ‘antiokupación’, dotada de los recursos humanos y presupuestarios necesarios para poder hacer su trabajo “lo más rápido posible”.
En el caso de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando ha indicado que la Junta de Comunidades no cuenta con las herramientas competenciales para abordar este problema de manera unilateral, pero ha asegurado que es una “prioridad” y por ello lleva a cabo una política de “tolerancia cero” en su propio patrimonio de vivienda, a la vez que se coordina con otras instituciones como la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), ayuntamientos, Administración Judicial, Policía y Guardia Civil.
