La Sala de lo Social del Tribunal Supremo ha dictado un auto en el que declara la inadmisión del recurso de casación para la unificación de doctrina interpuesto por el Ayuntamiento de Talavera y declara firme la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, que condenó al consistorio por la gestión de los planes de empleo tras la demanda sindical.
Un auto del Tribunal Supremo con fecha 20 de junio de 2020 señala que la sentencia recurrida, de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 27 de marzo de 2019, confirma la de instancia que, estimando la demanda de conflicto colectivo, declaró el derecho de los trabajadores que prestan servicios en Ipeta, al amparo del plan de empleo de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a recibir sus retribuciones conforme al salario percibido por los trabajadores del Consistorio talaverano.
Retribuciones inferiores
El personal contratado por el Ipeta en virtud del plan de empleo, percibió en las nóminas correspondientes a los ejercicios 2016 y 2017 unas retribuciones inferiores a las recogidas en las tablas salariales del convenio del personal laboral del Ayuntamiento.
Se concluye, según el tribunal, que al remunerarse con distinta retribución a trabajadores que desempeñan las mismas funciones, se produce una situación de discriminación entre los trabajadores de Ipeta y los del Ayuntamiento que debe ser reparada.
El Ayuntamiento de Talavera calculó el pasado mes de febrero, cuando el TS ya dictó una providencia sobre los planes de empleo, que se enfrenta a una deuda que ronda los 12 millones de euros, debido a la “nefasta gestión” que realizó el anterior equipo de gobierno de los planes de empleo de 2016, 2017 y 2018, en los que fueron contratados unos 400 trabajadores.
