Según el borrador del Real Decreto que el Gobierno nacional tiene previsto aprobar el próximo martes, 9 de junio, las mascarillas de protección frente al coronavirus seguirán siendo obligatorias una vez finalizado el estado de alarma, con sanciones de hasta cien euros para quien no las lleve en espacios cerrados.
En esta nueva normativa se regula la obligación, a partir de los seis años de edad, del uso de mascarillas en la vía pública, en espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público, siempre que no resulte posible garantizar el mantenimiento de una distancia física de seguridad de entre metro y medio y dos metros.
Será obligatoria también en los medios de transporte aéreo, marítimo, en autobús y en ferrocarril, así como en los transportes públicos y privados de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, si los ocupantes de los vehículos de turismo no conviven en el mismo domicilio.
No se exigirá el uso de mascarilla, en cambio, a las personas con alguna enfermedad o dificultad respiratoria ni a las que estén en situación de discapacidad o dependencia, no dispongan de autonomía para quitársela o hagan inviable su utilización.
Enfermedad de declaración obligatoria
El borrador también declara al Covid-19 enfermedad de declaración obligatoria urgente, por lo que se deberá facilitar a las autoridades sanitarias todos los datos necesarios para el seguimiento y la vigilancia epidemiológica del virus.
Los servicios de salud de las comunidades autónomas tendrán que garantizar, asimismo, en todos los niveles de la asistencia y, en especial, en atención primaria, que “a todo caso sospechoso de Covid-19 se le realizará una prueba diagnóstica por PCR u otra técnica de diagnóstico, tan pronto como sea posible desde el conocimiento de los síntomas”.
El borrador del Real Decreto establece, además, que el sistema sanitario deberá garantizar la capacidad para responder ante posibles rebrotes y el consiguiente aumento en el número de casos.
Para ello, se debe tener capacidad para instalar en un plazo máximo de cinco días entre 1,5 y 2 camas de Cuidados Intensivos por cada 10.000 habitantes, y de entre 37 y 40 para enfermos agudos en la misma ratio.
