viernes, 19 abril 2024
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La región no tendrá que reducir los precios públicos de la primera matrícula de grado

Rosana Rodríguez, consejera de Educación de Castilla-La Mancha.

Las comunidades autónomas tendrán hasta el curso 2022-23 para reducir sus precios públicos de primera matrícula de grado hasta el precio establecido por un modelo propuesto por el ministro de Universidades, Manuel Castells, con el fin de rebajar el gasto del alumnado y evitar disparidad entre regiones, medida que no afecta a Castilla-La Mancha.

La Propuesta de modelo de precios públicos de matrícula de los estudios oficiales de Grado para el curso 2020-2021, presentada este miércoles por Castells a las comunidades y aprobada en Conferencia General de Política Universitaria, señala que, además de Castilla-La Mancha, no tendrían que bajar sus precios con respecto a 2019-20 Andalucía, Asturias, Canarias, Cantabria, Galicia y Murcia.

En cambio, otras ocho comunidades (Aragón, Baleares, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Extremadura, Navarra, País Vasco y La Rioja) tendrían que operar “un ajuste relativamente moderado”, mientras que para Cataluña y Madrid el ajuste tendría que ser “más acusado”.

El Ministerio ha reconocido que es necesario “incrementar sustancialmente” la financiación de las universidades públicas, pero ha subrayado que “no debe hacerse a costa de los escasos recursos de las familias y los estudiantes precisamente en un momento en que nos enfrentamos a una gravísima crisis económica”.

La propuesta aprobada es para la reducción de los precios públicos de la primera matricula de grado y también para un precio máximo no superior al del último curso en las demás matrículas y másteres.

“Lo importante es llegar en 2022-23 a un precio máximo consensuado para cada comunidad que sea el índice de referencia en el futuro”, ha recalcado el departamento de Castells.

La propuesta intenta limitar el nivel de precios por “el súbito incremento” en algunas comunidades a partir del 2011-12, al tiempo que reduce las disparidades de precios.

Esa disparidad existía en 2011 pero se acrecentó “sustancialmente” -continúa el Ministerio- con los incrementos por el sistema de horquillas (el Ministerio fijaba un porcentaje máximo y mínimo a pagar por el alumno), establecido por el PP en 2012.

El ministro de Universidades, Manuel Castells.

Índice de precios

Ahora, se ha ideado un índice de precios tomando, como base 100, el precio medio de los créditos para toda España en 2011-12, y se han calculado los índices de disparidad de ese precio medio entre 2011 y 2019.

Se trabaja entre un índice máximo de 115 y uno mínimo de 85, es decir, aquellas comunidades cuyo índice es 85 o menor podrían mantener los precios de 2019 o fijarlos a un nivel inferior, mientras que aquellas entre 85 y 115 deberían situarse, como máximo, en el precio que tenían en 2011-12.

Cataluña y Madrid son las únicas cuyos precios actuales superan el índice 115.

Las comunidades cuyo índice es inferior a 85 (Andalucía, Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Murcia y la UNED) pueden utilizar para el curso 2020-21 los mismos precios que en el 19-20. Por ejemplo, Murcia puede seguir poniendo como precio máximo 15,51 euros/crédito.

Lo mismo ocurre para Asturias y Galicia cuyos precios en 19-20 eran inferiores o iguales, respectivamente, a los del curso 2011-12.

Al término de la reunión, la titular castellano-manchega de Educación, Rosa Ana Rodríguez ha recordado que el precio actual de la matrícula universitaria en Castilla-La Mancha está por debajo de la media nacional, con un valor medio cercano a los 16 euros frente a los más de 20 de otras comunidades autónomas como Madrid o Cataluña.

Rodríguez ha celebrado la política que, en materia de precios se desarrolló en la pasada legislatura, en la que se acometieron acciones como la reducción de los precios de Máster, la congelación de los de matrícula hasta 2021, la gratuidad de reconocimiento de créditos y la bonificación de 100 euros para aquellos alumnos de la región que estudian fuera de su provincia”.

Rodríguez ha recordado que a todo esto hay que sumar los anuncios realizados en la pasada comisión de Educación sobre la gestión de la Covid-19, donde se comprometía congelar, un año más, las tasas universitarias, así como apostar por una política de becas que contrarreste los desajustes que hayan podido surgir a consecuencia de la pandemia.

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