La consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez, ha manifestado el compromiso de la Administración regional de congelar, un año más, los precios públicos para estudios universitarios, de manera que puedan ser abordados “con total normalidad”.
Así lo ha adelantado Rodríguez este lunes en una rueda de prensa telemática, previa a su comparecencia en la Comisión de Educación de las Cortes regionales para informar de la gestión de su departamento durante la pandemia por COVID-19.
La consejera ha afirmado que una de las preocupaciones del Gobierno regional de cara al próximo curso es que los alumnos de la Universidad, al no ser una enseñanza obligatoria, puedan verse afectados por la crisis y tengan que dejar de estudiar por no disponer de la suficiente financiación.
Becas
Rodríguez ha explicado que se ha apostado por una política de becas que contemple “los desajustes” que puedan haber sufrido los estudiantes como consecuencia de la COVID-19 “en un doble sentido”.
Por un lado, a través de los fondos “para situaciones sobrevenidas” que la Junta destina a la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) y a la Universidad de Alcalá (UAH).
Por otro, mediante las becas del Ministerio de Universidades.
Rodríguez ha incidido en que esta disposición de becas ha sido una propuesta que Castilla-La Mancha ha llevado a las Conferencias de Política Universitaria celebradas y se ha mostrado “muy orgullosa” de que el Ministerio se haya hecho eco de esta demanda.
También ha subrayado que el aumento del 22 por ciento de la partida de becas que ya contempla el Ministerio recaerá en aquellos alumnos que tengan una problemática especial con la COVID-19.
Pero además, la titular de Educación ha remarcado el compromiso del Ejecutivo autonómico de mantener, un año más, las tasas universitarias.
EvAU
Asimismo, ha destacado que otra de las “prioridades” del Gobierno regional es que las pruebas de la EvAU, que realizarán 11.000 estudiantes en Castilla-La Mancha, puedan desarrollarse “con la mayor normalidad posible”.
Para ello, ha explicado que se está trabajando “de forma conjunta” con la Universidad en la definición de los criterios de los exámenes y la ampliación de los espacios para garantizar el distanciamiento social de los alumnos y profesores que participen en el proceso, de manera que se utilizarán las sedes universitarias e institutos de Secundaria.
Igualmente, la consejera ha hecho hincapié en la importancia de evaluar al alumnado “por lo que ha aprendido y no por lo que ha dejado de aprender” y ha recordado que las pruebas tendrán lugar del 6 al 8 de julio en convocatoria ordinaria y del 1 al 3 de septiembre en convocatoria extraordinaria.
