La Asociación In-Género demanda ayuda de emergencia para las cerca de 2.000 personas que ejercen la prostitución en Castilla-La Mancha que, a su juicio, “se están topando con bastantes trabas burocráticas” para poder solicitar dicha ayuda.
En un comunicado, esta ONG de ámbito nacional que nació en esta comunidad en 2005 con el objeto de dar una respuesta integral a las necesidades de las personas que ejercen la prostitución y víctimas de trata, señala que la crisis sanitaria y social generada por la covid-19 ha puesto de manifiesto más aún la extrema situación de vulnerabilidad en la que se encuentra este colectivo.
En este sentido, desde la Asociación In Género han podido comprobar cómo se ha llegado a requerir hasta 6 documentos (empadronamiento, tarjeta de demanda de empleo, certificado de vida laboral, etc.) desde otras organizaciones humanitarias para gestionar una ayuda de emergencia de alimentos y que “excluyen inexplicablemente y de forma directa a las personas en situación administrativa irregular”.
Por ello, reclaman que la ayuda de emergencia sea “más inclusiva, fácil de gestionar y eficaz”.
Alternativa residencial
Además, la ONG asegura que ha observado que el colectivo se puede ver obligado a ejercer la prostitución de forma clandestina en pisos, poniendo su salud en riesgo y las de otras personas para poder cubrir sus necesidades básicas y la de sus familias.
Asimismo, recuerda que la mayoría de estas personas viven en los lugares donde ejercen la prostitución, por lo que, con el Estado de Alarma, muchas han tenido que quedarse dentro de los clubes cerrados al público con el permiso de sus dueños y pagando una cantidad diaria, que ronda los 10 euros por comida y alojamiento.
En este sentido precisan que “las alternativas residenciales han sido complejas de conseguir puesto que la administración competente carecía de recursos suficientes y los que había estaban prácticamente ocupados por otras mujeres que, siendo víctimas de violencia también, tienen más prioridad”.
Por último, reiteran que esta crisis ha puesto sobre la mesa “la invisibilidad de este colectivo en la sociedad y la falta de capacidad de defensa de sus derechos públicamente”.
