El Gobierno de Castilla-La Mancha llevará a las Cortes una ley de crédito presupuestario para hacer frente a la factura “muy alta” de la lucha contra la pandemia de coronavirus, con unos gastos que no estaban previstos, por ejemplo, las 4.000 contrataciones de sanitarios que se han tenido que hacer y el material sanitario.
La consejera de Igualdad y portavoz del gobierno, Blanca Fernández, ha comparecido junto con la consejera de Economía, Trabajo y Empleo, Patricia Franco, tras la reunión por vía telemática entre el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, y representantes de los sindicatos y los empresarios.
Fernández ha explicado que, para sacar adelante esa ley extraordinaria, espera contar con la “complicidad” de los partidos de la oposición y ha dicho que así se lo manifestó el presidente regional a los líderes del PP y Ciudadanos en la reunión que mantuvieron el lunes.
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Para afrontar la crisis se necesita dinero, ha indicado Fernández, quien ha dicho que el ejecutivo está abierto a negociar los presupuestos “y lo que haga falta”.
Fernández ha asegurado que el gobierno regional no está escatimando en gastos para proteger las vidas de los ciudadanos, y que sabe que la factura será importante, no se habrá visto nunca ninguna así, pero lo importante es salvar vidas.