El Gobierno de Castilla-La Mancha se ha mostrado este martes “partidario” de que el Ejecutivo central implemente una renta de garantía para las familias que se están viendo afectadas por la crisis del coronavirus, al tiempo que va a pedir una moratoria de los alquileres.
En una rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, ha subrayado la importancia de “anticiparse” a la situación que se genere, una vez superada la crisis sanitaria del COVID-19, con el objetivo de “no dejar a nadie atrás” y atender al conjunto de los ciudadanos.
En este sentido, ha asegurado que el Ejecutivo autonómico “no va a permitir que ningún ciudadano de esta región se quede tirado ante las consecuencias económicas de esta crisis sanitaria” y, para ello, ha indicado que coordinará con el resto de administraciones medidas para la recuperación económica y la atención social.
De hecho, ha señalado que el Gobierno regional ha mantenido contactos con los presidentes de las cinco diputaciones provinciales para coordinar estas actuaciones y, a la vez, mantiene contacto con el Gobierno de España para conocer qué decisiones piensa tomar en este sentido.
Rentas
En este punto, ha hecho hincapié en que la Junta de Comunidades es “partidaria” de una renta de garantía para el conjunto de las familias afectadas que pueda ser implementada con otro tipo de rentas por las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
No obstante, ha precisado que “esa decisión corresponde al Consejo de Ministros”, así como la que planteará este martes a responsables del Ministerio de Fomento, con quienes mantendrá una reunión por videoconferencia, en la que Castilla-La Mancha propondrá una moratoria de los alquileres.
Una medida, ha apuntado Martínez Guijarro, que “obligase a los grandes tenedores de vivienda de este país a acogerse, de tal manera que las familias se puedan ver aliviadas económicamente”.
En caso de que el Gobierno de España no tome esa decisión, ha anunciado que el Ejecutivo autonómico estudiará la posibilidad de hacerlo con las 6.700 viviendas propiedad de la Junta de Comunidades alquiladas a familias en la región.
