Agentes de la Policía Nacional, en colaboración con la Tesorería General de la Seguridad Social, han llevado a cabo una operación contra el fraude a la Seguridad Social en las provincias de Alicante, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Castellón, Gerona, Huesca, La Coruña, León, Lugo, Madrid, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid y Zamora. El fraude destapado asciende a los 9.233.319,92 euros.
Las investigaciones comenzaron a finales de 2018, tras recibir varias denuncias que informaban de ilícitos penales que se estaban cometiendo contra la Tesorería General de la Seguridad Social.
Tras un minucioso estudio de la documentación, se observó que con el fin de eludir el pago de las cantidades adeudadas y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, se crearon entramados empresariales con empresas deudoras y empresas pantalla a las que se les repercutían los beneficios y el patrimonio.
Los 45 responsables del delito han resultado ser, principalmente, los administradores de hecho de las empresas, pero también sus testaferros -algunos trabajadores que figuraban en connivencia-, así como familiares de los primeros, a quienes se les ha imputado delitos contra la Seguridad Social (fraude de cotizaciones), frustración a la ejecución, fraude a la Seguridad Social (fraude de prestaciones), falsedad documental, insolvencia punible y usurpación de estado civil.
Informe patrimoniales
Avanzadas las investigaciones, se realizaron informes patrimoniales de las personas implicadas, con el fin de que pueda solicitarse el embargo de aquellos bienes localizados.
Desde que en el año 2009 comenzaran las actividades de una de las empresas investigadas, jamás fueron ingresadas las cotizaciones de sus trabajadores, generando hasta la fecha un perjuicio a la Seguridad Social de 376.884,01 euros. Por este hecho, la administradora de la sociedad fue detenida como autora de un delito agravado contra la seguridad social.
A los empleados, pese a trabajar todas las semanas de lunes a sábado y en algunos casos desde el año 2013 hasta la actualidad, no se les abonaba el salario si se ponían enfermos o si se iban de vacaciones.
Una empresa administrada concursalmente intentó ser comprada fraudulentamente por una segunda sociedad, con la que supuestamente se resolverían los problemas económicos vigentes con la Seguridad Social, valorados en más de 150.000 euros.
Para reforzar la oferta sobre la unidad de producción, la adquirente se valió de un documento firmado por el administrador de una tercera sociedad, que comunicaba la aprobación de una financiación para esta operación por un importe de 700.000 euros.
