El Gobierno regional ha acordado recurrir el trasvase de 38 hectómetros cúbicos autorizado por el Ejecutivo central el pasado mes de marzo y está estudiando jurídicamente “fórmulas diferentes” para intentar que los tribunales den la razón a Castilla-La Mancha en materia hídrica.
Así lo ha avanzado este martes el consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, en una rueda de prensa para dar a conocer los acuerdos alcanzados en el Consejo de Gobierno relativos a su departamento.
Acuerdos entre los que ha destacado la aprobación de un nuevo recurso al trasvase del mes de marzo que tiene como argumento principal que no se tiene en cuenta el criterio de prioridad de la cuenca cedente frente a la receptora.
Martínez Arroyo ha explicado que, con éste, son 26 los recursos planteados por el Ejecutivo autonómico desde julio de 2015 y ha recordado que esa derivación de agua a Levante se hizo porque en ese momento los embalses se encontraban en nivel 2, situación que permite trasvasar 38 hectómetros cúbicos.
La capacidad de los pantanos
Si bien, ha resaltado que en estos momentos la capacidad de los pantanos de cabecera es “muy inferior” a la del mes de marzo, ya que están al 22,8 por ciento, con 574 hectómetros cúbicos.
El consejero ha hecho hincapié en que los trasvases se aprueban “apoyándose en un Memorándum que acordó el gobierno del PP” y que, a su juicio, no tuvo en cuenta a los ciudadanos de Castilla-La Mancha, ni al Tajo, ni a los usuarios del agua en la región.
Además, a preguntas de los periodistas acerca de si ese recurso alude a las sentencias del Tribunal Supremo sobre el incumplimiento de los caudales ecológicos, el consejero ha matizado que este argumento “es importante”, pero no es el motivo de los recursos que se presentan por los envíos de agua que se producen cada mes y ha añadido que se están estudiando jurídicamente “formulas diferentes” para intentar que los tribunales den la razón a Castilla-La Mancha.
En este punto, ha señalado que la Junta entiende que no solo hay que apoyarse en argumentos jurídicos basados en la normativa del trasvase, sino en argumentos jurídicos basados en la normativa del agua.
