jueves, 18 abril 2024
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Piden prisión permanente revisable para el uxoricida de Mora

Numerosos morachos salieron a la calle para repudiar el asesinato de una de sus convecinas.

La Audiencia Provincial de Toledo acoge desde el lunes 8 y hasta el día 11 de abril el juicio con jurado contra Rafael García, acusado de asesinar a su mujer, Cristina Martín, aquejada de osteogenia o osteogénesis imperfecta, la conocida como enfermedad “huesos de cristal”, en febrero de 2017 en la localidad toledana de Mora, para el que el fiscal pide prisión permanente revisable.

Según el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, consultado por Efe, los hechos tuvieron lugar el 5 de febrero de 2017 en el domicilio del municipio toledano donde residía el matrimonio con su hija de cuatro años, los padres de la víctima y la hermana de ésta, junto a su hijo de pocos meses de edad.

Sobre las 18:00 horas de ese día, la víctima acudió al baño situado en la habitación donde estaba el acusado, porque era el único acondicionado y el que podía usar por sus limitaciones de movilidad, lo cual derivó en que el procesado se molestara y comenzara a insultarla y a amenazarla.

Acto seguido, recoge el escrito del fiscal, el acusado fue a la cocina y cogió un cuchillo para volver al lugar donde estaba su mujer, cuya situación le impedía huir o defenderse, y asestarle tres puñaladas para causarle la muerte de manera casi inmediata, pese a los intentos de reanimación del equipo médico trasladado a la vivienda.

En el momento del fallecimiento, la víctima padecía la enfermedad de Menier que le provocaba, entre otros, problemas de movilidad y dolor crónico, por todo lo cual tenía reconocido un grado de minusvalía del 85 por ciento por parte de la Consejería de Bienestar Social.

El fiscal acusa al uxoricida (marido que mata a su cónyuge) de un delito de asesinato con alevosía de género y la agravante de parentesco y le pide la pena de prisión permanente revisable y la inhabilitación de la patria potestad de la hija menor que tenía en común con la víctima, con la que no podrá comunicarse en modo alguno, así como tampoco con la familia de la fallecida.

Además, ha solicitado una indemnización de 150.000 euros a cada uno de los progenitores de la víctima, 200.00 euros a su hija y 90.000 euros a la hermana de la fallecida.

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