Las Cortes regionales han aprobado por unanimidad de todos los grupos parlamentarios el proyecto de ley por el que se modifica la ley por la que se crea y regula el Consejo de Formación Profesional (FP) de Castilla-La Mancha.
La modificación de esta ley ha logrado la unanimidad del parlamento autonómico después de que el grupo socialista haya retirado el voto particular a las nueve enmiendas presentadas por el PP, que quedaron aprobadas en comisión e incluidas en el dictamen ante la ausencia del portavoz de Podemos en las Cortes, David Llorente, tanto en el debate como en la votación de las mismas.
De este modo, ha salido adelante un texto que modifica las funciones del Consejo de Formación Profesional de Castilla-La Mancha, con la finalidad de reforzarlas, así como de adaptar la FP a las nuevas oportunidades laborales, en sectores como la logística o la economía digital.
También con esta modificación se persigue implicar a los agentes sociales y económicos en la oferta formativa que se necesita para mejorar la empleabilidad de los jóvenes.
Sistema integral
La consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco, ha indicado que esta ley tiene como finalidad actualizar la normativa castellanomanchega a la vigente a nivel estatal y “quiere avanzar hacia un sistema integral de FP”, así como promover estudios de detección de necesidades de formación y emitir informes, propuestas y recomendaciones en materia de formación profesional.
“Una ley que permitirá que la formación profesional, a medio, largo y corto plazo siga dando buenas noticias para la región”, ha defendido Franco, que ha resaltado que el actual Gobierno regional ha aprobado el tercer plan de formación profesional, en virtud del cual, 17 orientadores se han incorporado a centros de formación profesional de la región, que llegarán a 50 en 2022, último año del plan.
Entre las funciones del Consejo de FP se incluyen asesorar a las Administraciones Públicas de Castilla-La Mancha en materias sobre formación profesional o promover estudios de detección de necesidades, así como su adecuación a las demandas de cualificación requeridas por el mercado laboral.
También informar, con carácter preceptivo, las leyes y normas reglamentarias que tengan relación con la FP o fomentar la participación en programas europeos de formación, entre otras.
