Los grupos parlamentarios de PSOE, Podemos y PP en las Cortes regionales han presentado 39 enmiendas al proyecto de ley del Estatuto de las Personas Consumidoras de Castilla-La Mancha.
Del total de las enmiendas admitidas, publicadas este lunes en el Boletín Oficial de las Cortes de Castilla-La Mancha, 10 corresponden al grupo socialista, 21 al grupo parlamentario de Podemos y 8 al PP, siendo la mayoría de carácter técnico para proponer modificaciones de palabras o conjunto de palabras en el articulado de la norma.
Sin embargo, entre las enmiendas del PP destacan dos de adición, una para que, ante la constatación de un posible riesgo a la salud de los consumidores, los servicios competentes de la comunidad autónoma sean autorizados a retirar cautelarmente dichos productos y a ordenar la interrupción de su producción hasta que se adopten las medidas oportunas que garanticen la inocuidad de los mismos.
La segunda contempla que las asociaciones de consumidores y usuarios válidamente constituidas sean consideradas parte interesada en aquellos procedimientos que tengan por objeto la protección de las personas consumidoras, cuyos derechos e intereses puedan verse afectados como consecuencia de una situación de peligro, accidente o inseguridad de cualquier naturaleza.
Derecho a un Medio Ambiente saludable
También entre las enmiendas del PSOE hay una de adición para garantizar el derecho a un medio ambiente saludable que promueva las condiciones necesarias para ejercer un consumo responsable que fomente el desarrollo sostenible.
Por su parte, entre las enmiendas de Podemos hay una de supresión y nueve de adición, entre ellas, una para garantizar que las cláusulas abusivas contenidas en las condiciones generales de los contratos y las prácticas abusivas que vulneren los derechos de las personas consumidoras sean sancionadas por las administraciones competentes en materia de consumo.
Podemos también propone que las personas consumidoras tengan derecho a una protección frente a las prácticas comerciales consideradas desleales por agresivas, abusivas o engañosas y que la Junta de Comunidades, en el ámbito de sus competencias, se persone en procedimientos penales, siempre y cuando afecten a una amplia pluralidad de personas consumidoras y usuarias necesitadas de especial protección y residentes en Castilla-La Mancha.
Igualmente, plantea que las Administraciones Públicas de la región impulsen que, en los casos de ejecución hipotecaria de la vivienda habitual como consecuencia del incumplimiento del deudor, pueda llevarse a cabo un procedimiento de mediación destinado a la resolución extrajudicial de conflictos, previo a cualquier otro procedimiento judicial o a la intervención notarial.
